• Gabinete de Seguridad aclara traslado de narcos a EE.UU.
• SSPC, Defensa, Marina y FGR ofrecieron una rueda de prensa durante esta mañana.
• La operación no solo se basa en la urgencia de evitar retrasos judiciales, sino en un esfuerzo por reducir la violencia.

El traslado de 29 narcotraficantes de alto perfil de México a Estados Unidos, un acto que está generando amplio debate, lo defendió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó la importancia de esta acción en la lucha contra la violencia y la impunidad. Este evento, que involucra a figuras como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, líderes históricos de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, pone en evidencia las tensiones dentro del sistema judicial mexicano y la cooperación internacional.

El gobierno mexicano argumenta que el traslado es esencial debido al riesgo de que algunos de estos criminales los liberen jueces o que sus procesos de extradición se dilataran aún más. En palabras de García Harfuch: «Existía el riesgo de que algunos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos se liberen o siguieran atrasando los procesos de extradición derivado de acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos». La operación no solo se basa en la urgencia de evitar retrasos judiciales, sino en un esfuerzo por reducir la violencia derivada de las actividades de estas organizaciones criminales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos durante el proceso, con la presencia de personal médico y jurídico para supervisar el traslado, la controversia persiste. Algunas voces críticas señalan que la medida podría haber vulnerado principios fundamentales del derecho mexicano, como el respeto a las suspensiones judiciales que los imputados tenían en su contra.

Coordinación

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayó que no se trató de una extradición, sino de una entrega solicitada por las autoridades estadounidenses, lo que refleja la cooperación bilateral entre los dos países. Sin embargo, este episodio no es solo una muestra de la relación entre las autoridades de ambos países, sino también de los esfuerzos para combatir la impunidad interna y la creciente violencia en México. El caso resalta la necesidad de abordar la crisis del sistema judicial mexicano, donde la influencia de los criminales sigue siendo una preocupación constante.

El traslado de los 29 narcotraficantes a Estados Unidos puede marcar un precedente en las políticas de seguridad y cooperación internacional del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la eficacia de este tipo de operaciones y su impacto en el futuro de la lucha contra el crimen organizado en el país.