Una reforma fiscal en pausa: más impuestos, menos crecimiento. El Gobierno de Claudia Sheinbaum posterga la gran reforma fiscal y apuesta por más impuestos “selectivos” en refrescos, cigarros y plataformas digitales. Expertos advierten que la estrategia es recaudatoria y poco sostenible ante una economía estancada.

Nuestra Opinión

La llamada gran reforma fiscal de México volvió a quedar en el cajón. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por no tocar los impuestos generales, pero sí exprimir más a los mismos sectores de siempre, apostando por incrementos en gravámenes específicos y una fiscalización más agresiva para alcanzar una meta de 10 billones de pesos en ingresos públicos en 2026.

La estrategia suena ambiciosa, pero en realidad es una jugada de alto riesgo: más impuestos en medio de una economía que apenas crece y con un gasto social que no deja de expandirse. A falta de crecimiento, Hacienda busca dinero donde puede: refrescos, cigarros, apuestas, videojuegos y plataformas digitales. Una batería de aumentos que se vende como “saludable”, pero que en el fondo solo revela la urgencia por llenar un déficit histórico.

En los hechos, el Gobierno ha decidido seguir el camino fácil de la recaudación indirecta, golpeando el consumo y disfrazando los aumentos de impuestos bajo la narrativa de la salud pública o la modernización fiscal. El IEPS a los refrescos subirá un 87%, el de los cigarros pasará de 160% a 200%, y los juegos con apuestas pagarán hasta 50% de impuesto. Incluso los videojuegos violentos tendrán un gravamen del 8%, bajo el argumento de reducir su impacto social.

Sheinbaum, fiel a su estilo, trató de restarle importancia al tema. “Compra 29 latas de refresco en vez de 30”, recomendó. Pero para millones de familias mexicanas, ese impuesto no es una lección de salud: es un golpe directo a su bolsillo. Y para los pequeños comerciantes, una amenaza más a su ya precaria rentabilidad.

Mientras tanto, la verdadera discusión —una reforma fiscal profunda y equitativa— se sigue postergando por miedo político. Como explica Raymundo Tenorio, del Tecnológico de Monterrey, el Gobierno prefiere mantener el statu quo del ISR y el IVA, y confiar en “eficiencias recaudatorias” poco realistas, cuando la economía difícilmente crecerá más del 1.5% en 2026.

CONTRASTA RECAUDACIÓN CON LA REALIDAD

La recaudación optimista contrasta con la realidad: México cerró 2024 con el déficit fiscal más alto en tres décadas, un 5.7% del PIB, y la deuda pública sigue al alza. Moody’s ya advierte que las presiones fiscales pueden erosionar la confianza y encarecer el crédito del país.

En otras palabras, el país gasta más de lo que produce y recauda menos de lo que promete. En lugar de reformar el sistema tributario para hacerlo más justo y sostenible, el Gobierno opta por seguir tapando agujeros con parches.

El dilema de fondo es político y económico a la vez: ¿se puede sostener un Estado cada vez más grande con una economía que crece cada vez menos? La respuesta, tarde o temprano, será inevitable. Y cuando llegue, no bastará con culpar al pasado ni con pedirle a los ciudadanos que “compren una lata menos”.