El accidente que desnuda al Corredor Interoceánico, uno de los megaproyectos más cuestionados del sexenio de López Obrador.

NUESTRA OPINIÓN

El descarrilamiento mortal de un tren de pasajeros en el centro de Oaxaca no es solo una tragedia ferroviaria. Es una alerta tardía —y dolorosa— sobre uno de los megaproyectos más opacos y menos discutidos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Diseñado para competir con el Canal de Panamá y convertirse en una palanca de desarrollo para el sur del país, el proyecto avanzó durante años lejos del reflector público, eclipsado por el Tren Maya. Hoy, ese bajo perfil se revela no como una virtud, sino como una señal de alarma ignorada.

La ruta Z, donde ocurrió el accidente, es una línea centenaria que fue rehabilitada bajo la promesa de modernización total, aumento de velocidad y regreso del servicio de pasajeros. Sin embargo, los retrasos, las prisas políticas y la falta de información clara sobre las condiciones reales de operación dibujan un escenario inquietante: infraestructura crítica inaugurada sin que exista certeza plena sobre su seguridad.

Como ocurrió con otros proyectos emblemáticos del sexenio, cuando los plazos comenzaron a incumplirse, el Gobierno optó por militarizar la obra. La Secretaría de Marina asumió el control del Corredor Interoceánico, tanto en su construcción como en su futura administración. La justificación fue evitar su privatización; el resultado fue concentrar poder, decisiones técnicas y opacidad en una institución sin contrapesos civiles efectivos.

La presencia militar no disipó las críticas. Comunidades locales denunciaron consultas simuladas, violaciones al marco legal y criminalización de opositores. El desarrollo prometido —polos industriales, empleo, bienestar— avanzó más rápido en los discursos que en la realidad cotidiana de las poblaciones atravesadas por las vías.

A este contexto se suma un elemento que erosiona aún más la credibilidad del proyecto: la participación informal de familiares del expresidente. La designación de uno de sus hijos como “supervisor honorífico” ya era cuestionable. Las revelaciones posteriores sobre presuntas gestiones para beneficiar a empresarios cercanos, en el suministro de materiales tanto para el Corredor Interoceánico como para el Tren Maya, terminan por sembrar dudas legítimas sobre conflictos de interés y uso patrimonial del poder.

El accidente de Oaxaca obliga a replantear una pregunta incómoda: ¿se privilegió la narrativa política por encima de la seguridad, la legalidad y la planeación técnica? Porque cuando un tren descarrila y deja víctimas, el problema no es solo el riel o la máquina, sino la cadena de decisiones que llevó a ponerlo en operación.

El Corredor Interoceánico fue presentado como un proyecto de Estado, no de sexenio. Si esa afirmación quiere sostenerse, se necesita algo más que discursos sobre soberanía y desarrollo: auditorías públicas, rendición de cuentas, revisión técnica independiente y, sobre todo, respeto a las comunidades y a la vida humana.

De lo contrario, el “patito feo” de los megaproyectos terminará convertido en un símbolo más de cómo el apuro político, la militarización y la falta de transparencia pueden descarrilar incluso las ideas que nacen con vocación de futuro.