Reforma al amparo en México: modernización, límites y riesgos. La Ley de Amparo podría proteger menos a los ciudadanos y favorecer a unos pocos si no se discute ampliamente.
NUESTRA OPINIÓN
El amparo, ese escudo mexicano contra el abuso de poder, atraviesa una crisis de credibilidad. Usado en múltiples ocasiones para frenar decisiones colectivas, desde megaobras hasta reformas clave, se ha convertido también en herramienta para intereses particulares y evasión fiscal. Su prestigio y utilidad se han visto erosionados, y hoy, cualquier intento de reforma genera suspicacias fundadas.
La administración de Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado una propuesta de enmienda a la Ley de Amparo, con tres focos principales:
- Cambios positivos: digitalización de juicios y reducción de plazos. Avances necesarios, aunque insuficientes sin inversión en infraestructura judicial y condiciones mínimas para impartir justicia.
- Cambios consecuenciales: ajustes fiscales y financieros que remiendan abusos pasados, limitando la suspensión de actos que afecten al erario o a la lucha contra el lavado de dinero.
- Cambios de cuidado: restricciones sobre quién puede presentar un amparo. La exigencia de demostrar una “lesión real, actual y diferenciada” limita derechos futuros, inminentes o colectivos, y podría atar las manos de quienes defienden causas de interés general.
El interés legítimo, fundamento de muchas acciones judiciales, corre el riesgo de convertirse en un ancla que frene la protección de comunidades vulnerables, incluso aquellas representadas por los propios ministros que promovieron la reforma. La paradoja es evidente: una reforma concebida para modernizar y proteger puede, sin discusión amplia y transparencia, terminar favoreciendo a unos pocos en lugar del colectivo.
El proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador se construyó en la pedagogía: explicar, justificar y transparentar las acciones del Estado. Una reforma de este calibre, cargada de tecnicismos y efectos prácticos, debería ser debatida públicamente, no escondida entre artículos y términos legales. Lo que alarma no es el Gobierno actual, sino la incertidumbre que dejará para futuras administraciones.
El amparo es un pilar de la justicia mexicana, y su fortalecimiento requiere más que tecnicismos: exige discusión, transparencia y visión de largo plazo. Ignorar esto podría convertir la protección de derechos en un privilegio para unos pocos, dejando al ciudadano común con las manos atadas frente al poder.
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