¿Qué es el Instituto Estatal de Defensoría Pública? Gerardo Aguado aborda la importancia de la defensa legal, la cual es un derecho fundamental. Pero, a nivel federal, el sistema enfrenta una creciente saturación de trabajo.

El defensor de oficio es el abogado o abogada que el estado le asigna a una persona que no puede pagar uno, especialmente en materia penal, donde está en juego la libertad del presunto responsable. Este es un derecho fundamental de todos los mexicanos y de los extranjeros que enfrentan un proceso de esta naturaleza en nuestro país.

Cabe mencionar que también se asignan defensores de oficio en otras materias, como familiar, mercantil, laboral y en materia de justicia para adolescentes, bajo las reglas y limitaciones establecidas en las leyes y reglamentos aplicables. Su objeto es garantizar el acceso de los particulares a la justicia en condiciones de igualdad como derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Presta los servicios gratuitos de asesoría, representación y defensa legal en materia civil, familiar, mercantil, penal y de justicia para adolescentes; así como orientación jurídica en materia administrativa, agraria, protección a consumidores y a los usuarios de servicios financieros.

Panorama incierto, ¿Mejorará?

Durante los foros de la reforma judicial federal, uno de los temas que fueron abordados con insistencia, fue el de los defensores de oficio en los estados; el problema relatado giró en torno a la insuficiencia de defensores públicos en casi todas las entidades federativas y, a los problemas que la saturación de trabajo genera para las abogadas y los abogados que se dedican a esta noble y humanitaria labor, y para las personas que necesitan de sus servicios.

Se trata, apuntan legisladores, juristas y organizaciones civiles, de un problema que se arrastra desde hace más de 15 años en nuestro país, en todos o casi todos los estados. Y obedece a la falta de políticas públicas que atiendan y le den la prioridad que se merece a esta necesidad social que es cada año más apremiante. La necesidad de los defensores de oficio crece al mismo tiempo que crece la población y los problemas de inseguridad, corrupción, de convivencia social, los problemas familiares, la violencia de género, los conflictos civiles y mercantiles entre particulares, los fraudes y, en general, todas las actividades que terminan en un conflicto legal, donde, muchas veces, el afectado está en situación de vulnerabilidad y no puede pagar un abogado particular.

Oportunidad para el bien de todos

Sin un abogado que la defienda de manera profesional, ética y eficaz, una persona puede perder su libertad, pagar por un delito que no cometió, perder su patrimonio, un bien mueble o inmueble, pagar deudas que no contrajo o que ya había pagado, perder de manera injusta la guardia y custodia de un hijo, así como diversas afectaciones de índole familiar, entre muchas otras situaciones adversas que pueden evitarse gracias a un defensor de oficio. Por eso es importante que se contemple la manera de fortalecer el instituto estatal de defensores pública para que el acceso a los defensores públicos de oficio esté garantizado y su servicio sea de calidad.