El fentanilo pone en jaque al sistema financiero mexicano. Las acusaciones de EU por lavado de dinero a bancos mexicanos exponen una fragilidad crítica del sistema financiero.

Nuestra Opinión

La reciente acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos marca un punto de inflexión en la relación bilateral y en la credibilidad del sistema bancario nacional. Por primera vez, la guerra contra el fentanilo no solo se libra en las fronteras o en los laboratorios clandestinos: ha llegado directamente a los libros contables y las transferencias electrónicas de instituciones financieras con presencia nacional.

Desde Washington, el mensaje fue claro: estas instituciones son parte medular en la cadena de suministro del fentanilo. Y con base en eso, el gobierno de Trump activó una de las herramientas más poderosas de su arsenal geoeconómico: la ley contra el fentanilo, diseñada no solo para frenar el tráfico de opioides, sino también para estrangular financieramente a quienes lo permiten o lo facilitan.

En respuesta, México ha optado por un tono defensivo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que hasta el momento no se ha recibido información concreta desde el país vecino que respalde las sanciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, ha reaccionado con rapidez al intervenir temporalmente a las tres instituciones señaladas, mientras las agencias calificadoras comienzan a degradar sus notas crediticias.

La reacción estadounidense no debe verse como un acto aislado. Forma parte de una estrategia de presión más amplia en la que el combate al narcotráfico, particularmente al fentanilo, se utiliza como argumento político y diplomático. No es casualidad que estas acciones se intensifiquen en un contexto electoral en EE.UU., donde el tema del fentanilo es una de las principales banderas republicanas.

México terreno fértil para las operaciones financieras del crimen organizado

Dicho lo anterior, tampoco podemos minimizar el hecho de que México es un terreno fértil para las operaciones financieras del crimen organizado. Los 22.000 millones de dólares en activos gestionados por las instituciones intervenidas pueden parecer una fracción del total bancario, pero el impacto reputacional es devastador. Lo que se pone en entredicho no es solo la vigilancia financiera, sino la integridad de todo un sistema.

La respuesta de algunos actores del sector ha sido negar tajantemente cualquier vínculo con actividades ilícitas, pero otros ya han comenzado a moverse: fideicomisos como Terrafina y Fibra Inn se han deslindado de CIBanco. Vector, por su parte, cerró su negocio de divisas. Mientras tanto, las autoridades mexicanas insisten en que solo hay faltas administrativas, pero el mensaje es insuficiente.

México no puede permitirse seguir gestionando estos escándalos bajo el manto de la negación o el nacionalismo defensivo. La opacidad, la debilidad regulatoria y los vacíos en los protocolos antilavado son una amenaza real. Esta crisis debe ser el detonante para revisar con seriedad la arquitectura de prevención financiera en el país, sin esperar a que el próximo escándalo venga con consecuencias irreversibles.

El combate al crimen organizado no solo exige decomisos espectaculares o capturas mediáticas: también requiere instituciones bancarias blindadas, reguladores independientes y un Estado que actúe con transparencia y determinación.

En suma, el fentanilo no solo está matando en las calles de EE.UU., también está contaminando las arterias financieras de México. Ignorarlo sería no solo una omisión, sino una complicidad.