La guerra que no necesitamos. La designación de los cárteles de la droga como terroristas por parte de Trump es una medida peligrosa que solo traerá más violencia a México.

NUESTRA OPINIÓN

En los últimos días, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas han dejado en evidencia una vez más la peligrosa postura unilateral de la Casa Blanca. No se trata de un simple cambio de enfoque en la lucha contra el crimen, sino de una nueva guerra, una que, lamentablemente, México tendrá que afrontar con un alto costo en vidas humanas.

El impacto de esta medida, anunciada sin consulta ni consenso con las autoridades mexicanas, se extenderá más allá de los narcotraficantes. ¿Quién define lo que es un «narco»? En muchos pueblos de México, los criminales controlan, coaccionan y obligan a los ciudadanos a formar parte de sus negocios. La línea entre el criminal y el ciudadano inocente se vuelve cada vez más difusa en una guerra que se librará en nuestras calles, con una población que no tiene más opción que sobrevivir.

En este contexto, los efectos de la decisión de Trump se sienten como una amenaza directa para las comunidades más vulnerables del país. Los agricultores, los transportistas, los empresarios y hasta los gobiernos locales forzados a pagar cuotas de extorsión, vistos bajo la misma lupa del «terrorismo». Un aguacatero en Michoacán, un miner en Guerrero o un restaurantero en Sinaloa, todos ellos pueden etiquetados como cómplices, cuando en realidad son víctimas de un sistema de extorsión que no es de su creación.

INTERVENCIÓN A LA SOBERANÍA NACIONAL

Este tipo de medidas no solo son injustas, sino que son un ejemplo claro de intervención y falta de respeto a la soberanía nacional. Al imponer su propia visión del problema, Trump ignora el contexto mexicano y las dinámicas complejas que subyacen al narcotráfico, olvidando que las raíces de este fenómeno no se encuentran únicamente en México, sino también en Estados Unidos, donde la demanda de drogas sigue siendo uno de los principales motores del negocio.

México tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre cómo enfrentar el crimen organizado dentro de su territorio. Si bien es necesario reconocer la magnitud de la violencia y la corrupción que aquejan al país, no podemos permitir que otro país nos imponga una solución que no solo es ilegítima, sino también peligrosa. La respuesta a los cárteles debe ser integral, respetuosa de la ley, de los derechos humanos y de la diplomacia.

El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío mayúsculo. No solo debe lidiar con las repercusiones internas de este anuncio, sino que también deberá encontrar una forma de frenar el impulso de una guerra externa que podría acarrear consecuencias devastadoras para la población civil, sobre todo en comunidades jóvenes y de bajos recursos.

La lucha contra el narcotráfico debe ser emprendida desde el marco de la ley y la cooperación internacional, no desde el voluntarismo injerencista. El crimen no tiene fronteras, pero tampoco debe ser el pretexto para el atropello de soberanías y derechos. México no debe cargar con los muertos de esta guerra que solo beneficia a quienes, en lugar de buscar una solución efectiva, buscan perpetuar el ciclo de violencia en beneficio propio.