El reto de la seguridad bajo Sheinbaum, un análisis sobre los desafíos y riesgos del plan del nuevo gobierno.

NUESTRA OPINIÓN

La reciente filtración del documento “Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 días”, que recoge las primeras líneas de acción del gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha encendido el debate en torno a la capacidad de su gobierno para enfrentar la crisis de violencia en México. A pesar de su naturaleza apócrifa inicial, la autenticidad del texto ha sido confirmada, revelando una estrategia que, si bien promete innovación, también refleja los viejos desafíos que han aquejado al país durante las últimas administraciones.

Uno de los elementos más destacables es el papel protagónico que jugará Omar García Harfuch, mano derecha de Sheinbaum y exjefe de la policía de la Ciudad de México. Su influencia parece ser clave, al contar con el respaldo tanto del Ejército como de la Marina, así como un control indirecto sobre las dos secretarías militares más importantes. Sin embargo, la pregunta que surge es si este nuevo enfoque será suficiente para enfrentar problemas tan complejos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la violencia generada por el crimen organizado, o si simplemente será una repetición de estrategias anteriores, ahora bajo un nuevo liderazgo.

PUNTOS CRÍTICOS

El documento filtrado resalta varios puntos críticos, como la creación de fuerzas de tarea y la identificación de los principales focos rojos del país, entre ellos Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún, que siguen siendo territorios disputados por los cárteles más poderosos, el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La violencia en estos puntos, vinculada no solo al narcotráfico, sino también a delitos como la extorsión y el secuestro, plantea un reto monumental que no se resolverá únicamente con el aumento de efectivos en estas zonas.

Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente militarización de la seguridad pública, especialmente con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Si bien el gobierno saliente defendía esta medida como necesaria, no podemos ignorar el riesgo que implica depositar la seguridad en una entidad con poca transparencia y sin la cultura de rendición de cuentas. Esta decisión, lejos de pacificar al país, podría consolidar aún más el poder militar en áreas que requieren un enfoque más civil y cercano a las comunidades.

ESTRATEGIA

La cuestión central sigue siendo la misma: ¿Es posible construir una estrategia de seguridad eficaz sin abordar las causas profundas de la violencia? El trasiego de fentanilo, el tráfico de armas desde Estados Unidos y la impunidad que impera en muchas regiones del país no se resolverán únicamente con más policías y militares en las calles. Hace falta un enfoque integral que incluya no solo represión, sino también prevención y desarrollo económico en las zonas más afectadas.

En resumen, la estrategia de seguridad presentada por el nuevo gobierno parece una mezcla de innovación y continuidad. El éxito dependerá en gran medida de la capacidad de García Harfuch y su equipo para ejecutar esta ambiciosa agenda. No obstante, la militarización creciente y la falta de un plan claro para atender las causas de la violencia dejan en el aire la duda de si realmente estamos ante un cambio de rumbo o simplemente frente a una continuación de las políticas que, hasta ahora, han fracasado en pacificar al país.