Aranceles, autos y geopolítica: cuando México paga el costo. El aumento de aranceles a autos y autopartes en México revela un giro proteccionista que impactará a la industria automotriz, encarecerá vehículos y refuerza la alineación del país con la política comercial de Estados Unidos.

NUESTRA OPINIÓN

México decidió levantar un muro. No de concreto, sino de aranceles. Uno que golpea de lleno a la industria automotriz y que, aunque se presenta como una medida para proteger empleos y fortalecer la producción nacional, deja al descubierto una verdad incómoda: el país está ajustando su política comercial para alinearse, una vez más, con los intereses de Estados Unidos.

El Congreso aprobó elevar de 20% a 50% los aranceles a vehículos provenientes de países sin tratado comercial con México —China, Corea del Sur, India, Vietnam— y aumentar entre 15% y 25% las tarifas a más de 140 autopartes. El mensaje oficial es claro: proteger la industria nacional. El contexto real es más complejo.

La industria automotriz mexicana no es un mercado cerrado ni autosuficiente. Es una red profundamente integrada a las cadenas globales de suministro, donde las autopartes asiáticas son clave incluso para vehículos que se ensamblan en territorio nacional. Encarecer esos insumos no fortalece automáticamente la industria; también eleva costos, presiona márgenes y, eventualmente, se refleja en el precio final para el consumidor.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la medida como una acción necesaria para evitar que México se convierta en un simple importador de autos, sacrificando 1.3 millones de empleos. El argumento no es menor. Pero tampoco es completo. Porque mientras se levanta este muro arancelario, Estados Unidos mantiene —desde abril— una tarifa del 25% a los autos mexicanos, aun bajo el amparo del TMEC. México protege, pero no recibe la misma protección.

La señal no pasó desapercibida. China ya exigió “corregir” lo que considera una medida unilateral y proteccionista. Corea del Sur evalúa su respuesta. No es casualidad: solo en 2024, México importó más de 271 mil vehículos desde China, equivalentes al 20% del mercado interno. Autos que hoy circulan por las calles y que mañana serán más caros, no por decisión del mercado, sino por decreto.

Los expertos coinciden: el impacto no será homogéneo. Algunas armadoras absorberán parte del golpe; otras lo trasladarán al consumidor. En el mejor de los escenarios, el alza final será moderada. En el peor, México perderá atractivo como plataforma para nuevas inversiones asiáticas, justo cuando empresas como BYD analizaban instalar plantas en el país.

El momento no es casual. A meses de que inicie la revisión del TMEC, México parece enviar una señal de buena voluntad a Washington, apostando a un “trato preferente” que nunca termina de llegar. La historia reciente muestra que el proteccionismo rara vez se recompensa; más bien se normaliza.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿esta política industrial está pensada para fortalecer a México o para tranquilizar a su principal socio comercial? ¿Es una estrategia de largo plazo o una ficha más en el tablero de la guerra comercial entre China y Estados Unidos?

México es hoy el mayor exportador de automóviles a EE UU. Más del 80% de su producción cruza el Río Bravo. Esa dependencia debería invitar a la cautela, no a decisiones que encarezcan la cadena productiva y coloquen al país en una posición de subordinación comercial.

Proteger la industria nacional es legítimo. Hacerlo sacrificando competitividad, inversión y soberanía en la toma de decisiones no lo es. Porque cuando el polvo de los aranceles se asiente, quien pagará la factura no será Washington, ni Pekín. Será el consumidor mexicano y una industria obligada, otra vez, a ajustarse a reglas dictadas fuera de casa.