Una herencia política incompleta para Claudia Sheinbaum, quien enfrentará reformas pendientes y tensiones políticas mientras México espera cambios profundos.

NUESTRA OPINIÓN

A pocos días del fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su legado legislativo queda a medias. De las 18 reformas constitucionales de gran calado que envió al Congreso en febrero, solo tres parecen haber superado la prueba del tiempo. Estas incluyen la intervención en el Poder Judicial —recientemente promulgada—, y dos propuestas aún pendientes: los derechos de los pueblos indígenas y el control total de la Guardia Nacional por parte del Ejército. El resto de las reformas quedarán a la espera, en una especie de limbo legislativo que podría extenderse hasta después de la aprobación del Paquete Económico 2025, cuyo límite para aprobación es el 31 de diciembre.

Este panorama deja a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, con una tarea monumental. Aunque algunas de las reformas propuestas por López Obrador se han aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales para evitar su prescripción, otras han sido desechadas, como la controvertida reforma electoral. La decisión sobre el futuro de estas iniciativas recae en el próximo sexenio. Mientras tanto, Sheinbaum tiene otras prioridades legislativas que podrían tomar la delantera: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, becas para la primera infancia y asistencia médica para la tercera edad.

CONGRESO SIN DESCANSO

El Congreso, mientras tanto, no tiene descanso. La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial generó tensiones que no han terminado, y la transferencia del control total de la Guardia Nacional al Ejército augura otra confrontación entre Morena y sus aliados, y una debilitada oposición. En las últimas semanas, la oposición ha perdido su capacidad de frenar las reformas constitucionales impulsadas por el oficialismo, lo que deja abierta la puerta para más cambios profundos en la estructura del país.

Entre las reformas pendientes, destacan algunas altamente polémicas, como la desaparición de siete órganos autónomos y entes reguladores, entre ellos el INAI y la Cofece. El Gobierno de López Obrador justifica estas medidas como un esfuerzo por financiar el recién creado fondo de pensiones y otros programas sociales. Asimismo, la prohibición de vapeadores y la regulación del uso de fentanilo siguen siendo temas de intenso debate, junto con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, desafiando las recomendaciones internacionales.

El futuro inmediato del país parece girar en torno a dos fechas clave: la toma de protesta de Sheinbaum el 1 de octubre y la discusión del Paquete Económico 2025. Ambos eventos marcarán el inicio de una nueva era política para México, con la promesa de cambios profundos y el reto de completar la ambiciosa agenda legislativa que López Obrador deja inconclusa.