La seguridad en México, un desafío ineludible para el nuevo gobierno. Con más de 30,000 asesinatos anuales, el próximo liderazgo debe enfrentar el crimen organizado con una estrategia efectiva.

NUESTRA OPINIÓN

A medida que se acercan las elecciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un reto monumental: la inseguridad y la violencia que asolan vastas zonas de México. Con una escalofriante cifra anual de más de 30,000 asesinatos, la extorsión descontrolada y el crimen organizado imponiendo su ley en sectores productivos más allá del narcotráfico, es evidente que el país necesita un cambio drástico en su estrategia de seguridad.

La administración actual, al igual que sus predecesoras, ha confiado en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Con 281,209 militares patrullando las calles, la magnitud de este despliegue da una idea clara de las dificultades para controlar la violencia. López Obrador llegó al poder con la promesa de no combatir el fuego con más fuego, eslogan que resumía su política de «abrazos, no balazos». Sin embargo, como señala Cecilia Farfán-Méndez, experta en crimen organizado y política de drogas, «nadie que estudie estos temas te va a decir que eso es una estrategia, sino un eslogan».

Confrontación directa con los grupos criminales

Este enfoque inicial, que evitaba la confrontación directa con los grupos criminales, permitió que estas organizaciones se expandieran y consolidaran su control territorial. Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, subraya que este error estratégico fue reconocido demasiado tarde, resultando en un cambio de política a mediados de 2021, cuando el gobierno empezó a atacar las cúpulas de diversas mafias regionales.

La situación actual es una mezcla compleja de éxitos y fracasos. Aunque los homicidios anuales comenzaron a disminuir en 2022, esta reducción no se debe a un fortalecimiento institucional, sino a acuerdos con grupos criminales para reducir la violencia visible. Un informe reciente del International Crisis Group revela la existencia de pactos entre criminales y autoridades para ocultar la violencia, destacando un caso en Michoacán donde se habrían escondido cuerpos de víctimas de enfrentamientos con el Ejército.

En el ámbito electoral, las propuestas de las principales candidatas, Claudia Sheinbaum de Morena y Xóchitl Gálvez de la coalición PRI-PAN-PRD, divergen en la militarización de la seguridad pública. Mientras Sheinbaum apoya mantener la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, Gálvez aboga por desmilitarizar la seguridad y fortalecer las policías locales. A pesar de las diferencias, ambas candidatas coinciden en la necesidad de concentrar recursos en las zonas más violentas del país.

El desafío es monumental

Implementar estrategias efectivas a nivel nacional, como las que Sheinbaum promovió en Ciudad de México, donde la depuración policial y la coordinación con la Fiscalía redujeron los homicidios, será complicado en contextos rurales con instituciones débiles. La verdadera prueba para el nuevo gobierno será desmantelar los vínculos entre el Estado y el crimen organizado y fortalecer las agencias investigadoras.

El éxito o fracaso del próximo gobierno en materia de seguridad dependerá de su capacidad para controlar sus propias fuerzas y deshacer los lazos entre el crimen y el Estado. Como concluye Farfán-Méndez, «el problema más importante es deshacer esos enlaces entre fragmentos del Estado y el crimen organizado, y a la vez crear espacios en las instituciones que permitan operar al margen de estos fragmentos». El camino hacia un México más seguro será arduo, pero es un desafío ineludible que el nuevo gobierno debe enfrentar con determinación y claridad estratégica.