INAI: más que transparencia, un derecho humano

por | 11/01/2025

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INAI: más que transparencia, un derecho humano. Gerardo Aguado analiza por qué su preservación es clave para la transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué hace el INAI? Para muchos, la respuesta más breve es: garantizar el acceso a la información pública de los mexicanos. Si bien esto es cierto, su función va mucho más allá.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo público autónomo, no subordinado al Poder Ejecutivo, Judicial ni Legislativo. Su misión incluye obligar a todas las autoridades federales, los tres poderes de gobierno, organismos autónomos, descentralizados, partidos políticos e incluso a sindicatos, a mantener disponible y actualizada la información pública que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Entre los datos que deben publicarse de forma permanente destacan contratos, licitaciones, adjudicaciones, nóminas, presupuestos, organigramas, manuales operativos, actas de reuniones, expedientes legales, currículos de funcionarios, programas de gobierno, padrones de beneficiarios, facturas, transferencias bancarias, inventarios de bienes y más.

El INAI también gestiona la Plataforma Nacional de Transparencia, una base de datos que almacena millones de registros con información pública y recursos legales. Este sistema permite que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho de acceso a la información y fiscalizar el actuar de las autoridades, promoviendo así la rendición de cuentas.

El acceso a la información: un derecho humano

El acceso a la información no solo es una herramienta de transparencia; es un derecho humano fundamental. Este derecho está estrechamente vinculado a la libertad de expresión y al deber ciudadano de supervisar las acciones gubernamentales. Según el artículo 1º de la Constitución mexicana, los derechos humanos deben ser progresivos, nunca regresivos.

Sin embargo, en las últimas semanas, especialistas, organizaciones civiles, académicos y legisladores han expresado su preocupación sobre el destino de más de 15 millones de datos públicos almacenados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, ha señalado que esta plataforma alberga información de alrededor de 700 sujetos obligados federales y más de 7,000 a nivel nacional, incluyendo datos sensibles como sueldos, contratos, trámites y presupuestos de instituciones públicas.

«Es un tesoro», destacó Del Río. «Esta base de datos contiene 6.5 terabytes de información y tiene un costo de operación de 14 millones de pesos anuales». Además, el servidor que resguarda estos datos opera bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo control de temperatura, según Jaime Román, del área de Tecnologías de la Información del INAI.

La importancia social de la transparencia

La ciudadanía ha dado una «utilidad social» al acceso a la información pública, utilizando la plataforma para consultar semanas cotizadas, historiales clínicos, sueldos, contratos y otros datos de instituciones gubernamentales. Según la comisionada Del Río, esto contradice la percepción de ciertos políticos que consideran la plataforma como un obstáculo o «molestia».

Con más de 10 millones de solicitudes de información acumuladas en más de dos décadas, esta base de datos contiene no solo información pública, sino también datos personales protegidos que no deben quedar bajo el control del Poder Ejecutivo.

Un llamado a los legisladores

La reciente reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 omitió medidas específicas para garantizar la preservación y manejo adecuado de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora, corresponde a los legisladores federales establecer en las leyes secundarias las disposiciones necesarias para proteger esta base de datos y evitar su uso indebido.

La transparencia no es solo una obligación gubernamental; es un pilar de la democracia y una herramienta esencial para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Preservar el INAI y sus funciones es preservar el acceso a la verdad y la rendición de cuentas.

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