Recuento de los daños parte 1: en esta editorial Gerardo Aguado analiza el impacto marcado por la violencia más alta en la historia moderna de México, con más de 200 homicidios políticos y la necesidad urgente de políticas públicas de seguridad.

El pasado proceso electoral 2024 se ha visto marcado como aquél con más violencia en la historia moderna de México. Este proceso electoral ha sido el más grande de la historia, al elegirse al titular de la Presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 1,098 diputaciones locales, 1,802 presidencias municipales, 14,764 regidurías, 1,975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. Estos números, además del contexto político del país, han convertido a estas elecciones como las más importantes cuantitativa y cualitativamente hablando.

Sin embargo, en lugar de enfocar nuestra reflexión en sus resultados, o el proceso mismo, no podemos dejar de pensar en la gran mancha que ensucia este proceso: la violencia contra aspirantes, candidatos y funcionarios públicos.

Hasta el 1 de junio, un día antes de la jornada electoral, habían ocurrido más de 200 homicidios políticos, con al menos 30 candidatos asesinados a lo largo del país. Teniendo como un último y brutal ejemplo el asesinato de Alfredo Cabrera, candidato a la Presidencia Municipal de Coyuca de Benítez, en Guerrero, en su cierre de campaña. Aún asi, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal sólo reconoció el asesinato de 22 candidatos, minimizando todos los demás actos de violencia en contra de aspirantes y funcionarios públicos. Otro dato relevante dado por una consultoría privada indica que nueve de cada diez víctimas de asesinato en este proceso electoral buscaban un cargo municipal, además de que la mayoría eran candidatos de oposición.

Ineficacia de la estrategia de seguridad

Este terrible contexto requiere de acciones concretas por parte del gobierno federal a través de los diversos mecanismos que tiene a la mano y a través de todas las dependencias competentes en el asunto.

Específicamente, queremos hacer énfasis en el papel que tiene el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues es la entidad encargada de establecer los lineamientos para formular políticas públicas en materia de seguridad pública, y es precisamente esto lo que el país requiere, políticas públicas enfocadas en la seguridad en el contexto de procesos electorales. Con los datos anteriormente expuestos queda clara la ineficacia de la estrategia de seguridad pública por parte del gobierno federal, por lo que es necesario que rectifique en ésta.

Por lo tanto, consideramos necesario y oportuno que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el artículo 14, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabaje en los lineamientos necesarios para el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad durante los procesos electoras, pues, como podemos observar constantemente, pareciera que la violencia seguirá en durante estos procesos y es necesario contar con las políticas de prevención y atención necesarias para garantizar la integridad física, mental y la vida de aspirantes, candidatos y funcionarios públicos durante procesos electorales.