Nuestra Opinión

El 1 de junio se marcará un antes y un después en el sistema judicial mexicano. Más de 800 cargos de impartición de justicia estarán en juego, ya que por primera vez se someterán a voto popular. La elección de jueces, magistrados y ministros es un hito controversial, producto de la reforma impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, detrás de este proceso histórico se esconden tensiones legales, dificultades presupuestales y serias dudas sobre la independencia judicial.

El escenario previo a la elección está plagado de obstáculos. La disputa entre el Poder Judicial y el Gobierno de Claudia Sheinbaum no cesa. Desde el intento del Poder Judicial por frenar la implementación de la reforma hasta la firme defensa del Ejecutivo, ambos bandos han empleado recursos legales y reformas constitucionales en un intento por frenar o blindar este proceso. Este choque de poderes ha sido la constante durante las últimas semanas y promete continuar hasta la jornada electoral.

Más allá de las confrontaciones legales, el Instituto Nacional Electoral (INE) también ha levantado la voz, señalando que el recorte presupuestal de 13.476 millones de pesos del Congreso ha dejado al organismo en una situación crítica. Aunque el INE ha solicitado una ampliación de presupuesto de 1,500 millones de pesos, solo ha recibido una respuesta parcial del Gobierno, lo que ha repercutido en la reducción de recursos, número de casillas y personal para llevar a cabo los comicios. Esto plantea serias interrogantes sobre la transparencia y eficacia del proceso.

La reforma que origina esta elección busca acabar con las prácticas de corrupción y privilegios en el Poder Judicial, algo que, según muchos críticos, podría atentar contra la independencia judicial. Ahora, los jueces deberán hacer campaña y competir por los votos, al igual que los políticos. A pesar de las buenas intenciones de la reforma, muchos se preguntan si este sistema electoralizado pondrá en riesgo la imparcialidad de los futuros jueces y ministros, que estarán sujetos al vaivén de la opinión pública.

Los comités de evaluación, creados para garantizar la idoneidad de los aspirantes, otro punto de conflicto. A pesar de los esfuerzos por hacer del proceso algo transparente, las controversias legales constantes. El 28 de enero, Claudia Sheinbaum acusó al Poder Judicial de obstaculizar el proceso y de no acatar las resoluciones del Tribunal Electoral, lo que llevó a la renuncia de los miembros del comité evaluador.

Por otro lado, la falta de reglas claras para los candidatos también ha generado incertidumbre. Aunque el INE ha comenzado a aprobar el catálogo de infracciones, las alertas sobre el uso de recursos públicos para promover candidaturas siguen latentes. Las restricciones impuestas sobre campañas de propaganda y el financiamiento de los aspirantes buscan garantizar la equidad, pero el proceso sigue opaco y enredado.

El presupuesto para llevar a cabo esta elección es otro desafío importante. Los recortes del Congreso han dejado al INE con menos de la mitad de los recursos necesarios para organizar unas elecciones justas. La falta de presupuesto afecta incluso el diseño de las boletas, más complejas y numerosas debido a la multiplicidad de cargos en juego. Los ciudadanos deberán elegir entre una amplia lista de candidatos, lo que aumenta la dificultad para que el votante se oriente adecuadamente.

Este es solo el inicio de un largo y complicado proceso electoral. A medida que nos acercamos al 1 de junio, las preguntas siguen siendo muchas: ¿lograrán los ciudadanos hacer una elección informada y sin presiones externas? ¿Será posible que el sistema judicial mexicano, tan afectado por la corrupción, logre encontrar la independencia y justicia que tanto necesita? La reforma judicial está en marcha, pero aún queda mucho por definir.