Justicia en la mira: Las campañas anticipadas y el vacío legal. Análisis sobre el uso indebido de recursos públicos y las críticas al proceso electoral judicial.
NUESTRA OPINIÓN
El proceso de elección judicial en México ha revelado grietas profundas en el sistema democrático del país. Las campañas anticipadas de aspirantes a cargos judiciales no solo han puesto en entredicho la imparcialidad del Poder Judicial, sino que también han desnudado un vacío legal que amenaza con desvirtuar el proceso electoral.
Ministras de la Suprema Corte de Justicia, como Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, han protagonizado giras políticas que cruzan la delgada línea entre lo legal y lo cuestionable. Estas acciones, que incluyen la utilización de recursos públicos y eventos organizados por Morena, han desatado una tormenta de críticas y denuncias, evidenciando cómo una reforma judicial mal diseñada puede convertirse en terreno fértil para el proselitismo político.
La Reforma Judicial: ¿Instrumento de Democracia o de Manipulación?
La enmienda impulsada por el oficialismo buscaba democratizar el Poder Judicial, pero sus lagunas legales han resultado ser más una herramienta de manipulación que de progreso. La reforma establece que no habrá precampañas; sin embargo, no define con claridad las sanciones para quienes violen esta disposición. Esto ha permitido que los aspirantes aprovechen los recursos y tiempos a su cargo para promoverse, sin las consecuencias que en teoría dicta la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un reto mayúsculo: organizar en tiempo récord una elección inédita y supervisar el cumplimiento de las normas. Sin embargo, la falta de recursos suficientes, el boicot presupuestal por parte del Congreso y la presión política complican aún más su labor.
¿Qué está en juego?
El costo de estas irregularidades no es solo económico; afecta la credibilidad de las instituciones y erosiona los principios de imparcialidad y justicia. El uso de recursos públicos para fines políticos no solo es un acto de corrupción, sino también un atentado contra la democracia. Además, la dilución de los principios electorales pone en peligro los avances que México ha logrado en las últimas décadas en materia de alternancia política.
Las críticas dentro del propio Poder Judicial, como las del ministro Juan Luis González Alcántara, dejan claro que este es un problema estructural. La afectación no se limita al desvío de recursos, sino que también implica el abandono de las funciones judiciales y la politización de una institución que debería ser garante de la imparcialidad y el estado de derecho.
Un llamado a la acción
El caso de las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, así como el de otros jueces y magistrados involucrados en estas campañas anticipadas, debería ser un punto de inflexión. La sociedad civil, los actores políticos y las propias instituciones deben exigir una reforma que cierre las lagunas legales y garantice elecciones verdaderamente democráticas y transparentes.
La justicia es un pilar fundamental de cualquier democracia. Si permitimos que los intereses políticos sigan infiltrándose en el Poder Judicial, corremos el riesgo de socavar no solo la confianza en las instituciones, sino también el futuro democrático del país.
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