A pesar de que el Inai resolvió en su pleno el 29 de enero pasado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debía publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del programa Pegasus, la dependencia federal se negó a entregar la información y la reservó por cinco años.

La Sedena clasificó los contratos que firmó con Comercializadora Antsua, al considerar el riesgo de dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional.

«El pleno de este comité [de Transparencia de la Sedena] confirma y declara formalmente como información reservada los instrumentos contractuales celebrados con la empresa Comercializadora Antsua, permaneciendo con tal carácter por el término de cinco años a partir de la presente resolución, pudiendo ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su reserva o cuando haya transcurrido el periodo correspondiente. Se registra la presente resolución con el número CT/RIR/006059/44-2023», refiere la dependencia en respuesta a una solicitud vía transparencia.

En esa ocasión, la comisionada Josefina Román señaló que es deber de las autoridades el dar a conocer las contrataciones de servicios realizadas con recursos públicos.

La Sedena resaltó que, con el fin de cumplir con la instrucción emitida por el pleno del instituto, las direcciones generales de Transmisiones y Administración manifestaron que después de una nueva búsqueda exhaustiva de la información de interés del particular se localizaron los contratos con la referida empresa, los cuales se encuentran clasificados con carácter de reservado.

La dependencia enfatiza que como prueba de daño existe el riesgo real que comprende dar a conocer información contenida en los instrumentos contractuales adjudicados con base en las excepciones establecidas en la ley de adquisiciones.

Además, arrendamientos y servicios del sector público que se encuentran relacionados con adquisición de equipo y servicios para generación de inteligencia militar.

La secretaría destacó que puede favorecer que integrantes de grupos desafectos al gobierno e integrantes del crimen organizado conozcan la tecnología empleada para llevar acciones que garanticen la seguridad nacional y seguridad interior del país, toda vez que la delincuencia organizada, al conocer el equipo para generar inteligencia militar, se pudiera dotar de mejor instrumental para sabotear a las operaciones que se realizan con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el concepto de riesgo demostrable indica que divulgar los instrumentos contractuales, servicios, capacitación, normas y procedimientos, así como planes, protocolos y tecnología para generar y explotar información que favorece a la inteligencia militar puede poner en riesgo la prevención de delitos como sabotaje, espionaje y terrorismo, además de las amenazas potenciales en contra del gobierno mexicano.

Asevera que por las actuales condiciones de inseguridad es de interés público y una prioridad del gobierno mexicano y del instituto armado contar con tecnología que favorezca el cumplimiento de las misiones generales del Ejército.

«Más aun cuando se trata de información relacionada con las adquisiciones de bienes o servicios que favorecen la generación de información y explotación de inteligencia militar», subraya la dependencia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que el 2 de octubre del año pasado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, difundieron la investigación Ejército espía.

CRONOLOGÍA

La historia de Pegasus en México ha sido polémica.

19 de junio 2017. El New York Times informa que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas con el software Pegasus. Días después, la extitular de la PGR, Arely Gómez, aseguró el uso legal de programas y herramientas de inteligencia.

21 de febrero 2019. El Inai solicita a la otrora PGR que se castigue a los implicados en la contratación y uso de Pegasus.

19 de julio 2021. The Guardian informa que al menos 50 personas allegadas a AMLO estuvieron en la lista de posibles afectados por el spyware Pegasus. Entre 2016 y 2017, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se consideró como «personas de interés» a 15 mil individuos, entre políticos, periodistas y académicos.

21 de julio 2021. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 32 millones de dólares para adquirir Pegasus.

4 de octubre 2022. Los periodistas Ricardo Raphael y Daniel Moreno, y el activista Raymundo Ramos presentan una denuncia ante la FGR después de ser espiados por fuerzas militares entre 2019 y 2020.

10 de marzo 2023. AMLO asegura que el presunto espionaje de la Sedena contra Raymundo Ramos es «labor de inteligencia e investigación». Reitera que no hay ninguna instrucción para que se vigile con el programa Pegasus a opositores o periodistas.

3 de abril 2023. De acuerdo con The New York Times, el gobierno de Estados Unidos usó un programa de NSO Group, empresa israelí que desarrolló Pegasus.