• Sedena asegura 8,653 cámaras del crimen organizado en dos meses.
• Guanajuato, el foco rojo.
• Especialistas advierten: no solo vigilan a la policía, controlan barrios enteros.

CIUDAD DE MÉXICO. — En tan solo los primeros dos meses de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó 8 mil 653 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente por grupos criminales en distintas zonas del país, revelando la expansión de sus redes de control territorial.

Tan solo en Guanajuato, se aseguraron 5 mil 320 cámaras, seguido de Sinaloa con mil 27, Veracruz con 538, Zacatecas con 502 y Sonora con 179, entre otros estados, según cifras oficiales obtenidas vía transparencia.

De forma paralela, la Guardia Nacional (GN) reportó la desactivación de 275 cámaras entre enero de 2020 y febrero de 2025, aunque sin especificar las entidades. En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró 669 videocámaras de 2024 a febrero de 2025, principalmente en Veracruz (576), Sonora (37) y Puebla (22).

Gobiernos criminales paralelos

El especialista en seguridad y estrategia aplicada, Daniel Castillo Santander, explica que estas redes son reflejo de la teoría del “Estado de protección”, donde el crimen organizado actúa como gobierno paralelo: ofrece seguridad, impone reglas y vigila a la población.

“El caso de Guanajuato podría ser ejemplo de esa teoría. No es sólo saber cuándo llega la policía o las Fuerzas Armadas, también controlan quién entra, quién sale, quién trabaja, cuánto gana y a quién pueden extorsionar”, señala Castillo, entrevistado por El Gran Diario de México.

Añade que la instalación de estas cámaras exhibe complicidad institucional y la fragilidad de las fuerzas del orden.

“Mandamos a los soldados a quitar cámaras… pero ¿dónde está la autoridad civil? ¿Y si está coludida? El problema es recuperar el Estado de derecho”, cuestiona.

Crimen organizado con tecnología barata y eficaz

Desde hace años, los grupos criminales han adoptado tecnologías de bajo costo para fines estratégicos, como los drones con explosivos en Michoacán —que luego se replicaron en otros estados—, y ahora con videovigilancia propia.

Para Alberto Hidalgo Montes, doctor en Seguridad Pública, este fenómeno es un avance natural de las células criminales, aprovechando que las autoridades se enfocan en hechos violentos y subestiman su capacidad de inteligencia y contrainteligencia.

“El Estado deja huecos al no invertir en tecnología, y esos espacios los ocupa la delincuencia para establecer sus propios centros de monitoreo, como en Sinaloa”, advierte Hidalgo.

Una amenaza nacional

Ambos especialistas coinciden en que esta práctica no se quedará en Guanajuato o Sinaloa. Así como ocurrió con los drones, las redes criminales de videovigilancia podrían extenderse a otras entidades, representando una amenaza directa a la gobernabilidad.

“Si no se actúa con voluntad política y se recupera la autoridad constitucional, el crimen organizado consolidará su propio gobierno alternativo en más regiones del país”, concluye Castillo.