De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta el momento Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), ha recibido 54 recomendaciones —una de ellas por violaciones graves— por abusos de todo tipo cometidos por autoridades migratorias o personal de seguridad, que aprovechándose de la condición de los migrantes detenidos cometen tortura, lesiones, agresiones sexuales y extorsión a ellos y a familiares.

Su antecesor Tonatiuh Guillén López, quien estuvo al frente del instituto siete meses, no fue objeto de recomendaciones por parte del organismo; Gerardo García Benavente recibió tres, y Ardelio Vargas Fosado, 20.

En 2019, la CNDH reprobó las condiciones en las que se encontraban las 60 estaciones migratorias localizadas en todo el país, al señalar que en esos espacios priva un sistema carcelario, al encerrarse a los migrantes en celdas y bajo llave, incluso con correcciones disciplinarias.

“Continúa un modelo carcelario en el que se mantiene a las personas en celdas con barrotes y bajo llave, y sometidas a rutinas propias de centros de reinserción social, basado en un esquema de protección de la seguridad nacional en detrimento de la seguridad humana y de respeto a sus derechos humanos”, indicó el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra.

En el Informe Especial. Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención, elaborado por la comisión, se resalta que el modelo que se sigue en las estaciones migratorias “no es adecuado para atender a las personas migrantes, ya que no garantiza el pleno respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos humanos, toda vez que se sigue impulsando un modelo carcelario que criminaliza y sanciona a las personas que son detenidas por no acreditar su situación regular en el país”.

El extitular del INM, Tonatiuh Guillén López, dijo a EL UNIVERSAL que “las denuncias y las violaciones a derechos [humanos de migrantes] se han vuelto cada vez más frecuentes y retratan el endurecimiento de una política migratoria y también una comprensión de la relación entre el INM y migrantes y solicitantes de refugio. Una comprensión que no los valora como personas y como sujetos de derechos.

“Esa parte de la concepción implica un trato no respetuoso, no cuidadoso y no responsable, y, sobre todo, con consecuencias gravísimas, como las que recientemente vimos en Ciudad Juárez, Chihuahua”, añadió.

Algunos casos. En febrero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos giró una recomendación al INM. En esta ocasión porque en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, un salvadoreño estuvo esposado durante cinco días a una litera en el dormitorio número 1.

Personal del instituto decidió mantenerlo así porque días antes había iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que se encuentra el lugar.

Como pudo, se hizo de su teléfono móvil para contactar a través de WhatsApp a un abogado, a quien le envió siete fotografías para mostrarle su ilegal retención en esa estación.

En 2019, la comisión también documentó que en la estación migratoria de Tlaxcala un joven de 17 años de edad fue víctima de tortura por parte del personal migratorio.

Especialistas en medicina y sicología de la CNDH integraron un expediente en el que se acreditó que la persona menor de edad presentó lesiones físicas y afectaciones sicológicas concordantes con tortura.

Eunice Rendón, coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante, consideró que deben revisarse todas las recomendaciones que la CNDH ha girado al Instituto Nacional de Migración para que, junto a organizaciones civiles, se vigile su cumplimiento.

“Es muy importante que se realice una revisión de todas las recomendaciones, para que organizaciones civiles de defensa de los derechos de las personas en contexto de migración junto con la CNDH, vigilen que se cumplan todas y cada una de esas recomendaciones. Porque de qué sirven las recomendaciones, si una gran mayoría han sido ignoradas por el INM”, enfatizó.