• Denuncian extorsión por parte de Seguridad Pública de Coahuila.
• Contradice los discursos oficiales sobre la efectividad de las millonarias inversiones en materia de seguridad.
• Un ciudadano afectado narró cómo los agentes extorsionan a los conductores exigiendo hasta 8 mil pesos.

Coahuila, promocionado por su gobernador Manolo Jiménez Salinas como el tercer estado más seguro de México, enfrenta severas críticas tras denuncias de extorsión por parte de elementos de la Policía Estatal. Estas acciones, realizadas en retenes de seguridad en carreteras estatales, contradicen los discursos oficiales sobre la efectividad de las millonarias inversiones en materia de seguridad.

Francisco, un ciudadano afectado, narró cómo los agentes extorsionan a los conductores exigiendo hasta 8 mil pesos, a pesar de que las mercancías que transportan cuentan con documentación oficial de aduanas. «Me dijeron, por 8 mil pesos… Ellos ya habían pagado sus derechos aduanales, pero los policías rompen el recibo de la aduana», relató el afectado.

Estos actos, que incluyen destruir comprobantes legales y obligar a las víctimas a esconder el dinero bajo los asientos para evitar evidencias, reflejan una preocupante corrupción dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad.

El gobernador Jiménez ha presumido constantes inversiones en tecnología y capacitación policial. Sin embargo, este tipo de prácticas pone en entredicho la eficiencia de su administración en la depuración y supervisión de los cuerpos de seguridad.

Incoherencia

Aunque el mandatario afirma que el estado se destaca por su seguridad, estas extorsiones sugieren una desconexión entre los discursos oficiales y la realidad que enfrentan los ciudadanos.

Francisco hizo un llamado urgente al gobierno estatal para investigar y sancionar a los responsables de estos abusos, advirtiendo que si no se actúa con firmeza, la confianza de los coahuilenses en las instituciones continuará deteriorándose.

Los constantes escándalos de corrupción en las corporaciones policiacas demandan no solo respuestas, sino acciones contundentes. Es momento de que el gobierno de Coahuila pase de los discursos a los hechos y garantice una seguridad libre de abusos.