Descubre las intensas presiones y polémicas en el Senado de México en la batalla por la reforma judicial. El oficialismo busca asegurar la aprobación mientras surgen acusaciones de amenazas y corrupción. Lee más sobre este crucial momento político.
NUESTRA OPINIÓN
La tensión en el Senado de la República está al rojo vivo. En los últimos días, las acusaciones de presiones y amenazas han invadido el debate sobre la reforma judicial propuesta por el oficialismo. Los líderes de la oposición han denunciado que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para asegurar la aprobación de la enmienda constitucional, utilizando métodos que van desde propuestas corruptoras hasta presiones provenientes del crimen organizado.
El escenario es crítico: el proyecto de reforma judicial está a punto de enfrentarse a uno de los últimos filtros legislativos, su aprobación en el Senado. Para lograr la mayoría calificada de 86 votos necesarios, Morena y sus aliados requieren el apoyo de un senador más. La ausencia de Miguel Ángel Yunes, senador del PAN, en una reunión clave ha desatado especulaciones sobre su posible voto a favor de la reforma. Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada panista en el Senado, ha llamado a Yunes a aclarar su posición, mientras que Ricardo Anaya, excandidato presidencial y también senador por el PAN, ha acusado al oficialismo de intentar sobornar y amenazar a los senadores opositores.
Las acusaciones no se detienen ahí. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, ha elevado el tono, afirmando que las presiones incluso provienen del crimen organizado. Moreno ha revelado que los senadores priistas se han visto obligados a resguardarse en un mismo lugar para evitar las presiones y asegurar su voto en contra de la reforma. Según él, la supervivencia de la República está en juego y el PRI está decidido a impedir la instauración de una dictadura en México.
MAYORÍA CALIFICADA
En medio de este caos, también se ha desatado una polémica aritmética sobre el número de senadores necesarios para alcanzar la mayoría calificada. El Sistema de Información Legislativa del Congreso mexicano establece que se requieren 86 votos de 128 senadores, siempre y cuando todos estén presentes. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha argumentado que 85 votos ya representan la mayoría calificada según su interpretación de la ley, lo que podría permitir que la reforma se apruebe esta misma semana.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha pedido que se respete el proceso legislativo y los tiempos correspondientes. Sin embargo, el bloque oficialista parece decidido a acelerar el procedimiento. Este martes, el pleno del Senado convocará una sesión para dar publicidad a la minuta de la reforma y, posiblemente, aprobarla en la misma jornada.
La reforma judicial, una de las 18 modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca cambiar radicalmente el sistema judicial al permitir la elección popular de jueces, ministros y magistrados. La presión es palpable: el Congreso tiene menos de 22 días para completar su proceso legislativo antes de la llegada de Sheinbaum a la presidencia, con el objetivo de aprobar la reforma antes del final del sexenio.
En este contexto, la batalla por la reforma judicial se ha convertido en una prueba de fuego para la integridad del proceso legislativo y el equilibrio de poderes en México. La presión sobre los senadores de oposición, los rumores de corrupción y las amenazas provenientes del crimen organizado han intensificado un debate que podría redefinir el futuro del sistema judicial del país.
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