La Supremacía de Morena. ¿Qué significa esto para México? Gerardo Aguado analiza los riesgos de esta medida y sus implicaciones.

¿De qué trata la reciente reforma de Morena aprobada por el Senado de la República, y cuál es su gravedad en términos de derechos humanos en México?

Con esta reforma, Morena impone un candado que restringe a todos los mexicanos la posibilidad de impugnar cambios futuros a la Constitución Federal a través de la Acción de Inconstitucionalidad, la Controversia Constitucional o el Amparo. Podría parecer lógico que las reformas constitucionales no se impugnen, pero eso no es del todo cierto.

Nuestro sistema de derechos humanos, fruto de años de lucha política y debates en el Congreso, no solo reconoce a la Constitución como fuente de derechos humanos, sino también a los tratados internacionales en esta materia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José, entre otros. A este reconocimiento se le llama convencionalidad o principio de convencionalidad.

En México, todas las autoridades están obligadas a observar la convencionalidad en sus decisiones, resoluciones y sentencias, así como en la elaboración de leyes. Es posible que una ley sea constitucional, pero inconvencional. Es decir, que puede alinearse con la Constitución pero contradecir un tratado internacional de derechos humanos suscrito por México. En estos casos, debe prevalecer el tratado en favor de la persona afectada.

¿Cuál es el problema en sí?

Muy simple: la reforma de Morena elimina la convencionalidad de un plumazo, es decir, la posibilidad de acudir a tratados internacionales para impugnar reformas constitucionales que violen derechos humanos.

Las reformas a la Constitución Federal podrían incluir restricciones a derechos humanos, y la única manera de impugnarlas sería mediante acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o amparos con base en tratados internacionales. Con esta reforma aprobada por el Senado, esto ya no será posible.

Pongamos unos ejemplos: supongamos que Morena, con su mayoría, aprueba una reforma constitucional para que toda persona sospechosa de narcotráfico sea encarcelada, aunque solo sea sospechosa. Esa reforma no podría impugnarse. Ahora imaginemos que se aprueba una reforma constitucional para prohibir las críticas a políticos en redes sociales; al ser una reforma constitucional, tampoco podría impugnarse.

Este cambio anula el sistema de defensa de derechos humanos frente a las decisiones que Morena decida integrar en la Constitución.

Además, Morena pretende que esta reforma sea retroactiva, ya que en los transitorios especifica que todos los casos actualmente en proceso se resuelvan conforme al decreto, lo que incluye las impugnaciones de la Reforma Judicial.

Estamos hablando de una reforma judicial que viola gravemente los derechos humanos de los mexicanos y que, para colmo, Morena busca aplicar retroactivamente.