INE bajo presión: Elección judicial entre recortes y retos históricos. ¿Qué implicaciones tiene para la democracia mexicana este debilitamiento institucional?»
NUESTRA OPINIÓN
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: organizar una inédita elección judicial en 2025 con menos de la mitad del presupuesto solicitado. Este recorte, de 13,476 millones de pesos, ha puesto contra las cuerdas al organismo encargado de garantizar los procesos democráticos en México.
Con apenas 6,300 millones de pesos aprobados, el INE ha reducido a más de la mitad el número de casillas, limitado los capacitadores y optado por materiales alternativos, dejando en claro que, aunque hará elecciones, no hará milagros, como lo señaló el consejero Jaime Rivera.
La batalla presupuestal: Sheinbaum vs. INE
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha buscado un diálogo con Claudia Sheinbaum para encontrar una solución que permita organizar los comicios de manera efectiva. Sin embargo, la mandataria ha anticipado su negativa, insistiendo en que el instituto debe justificar cada peso y ajustar sus prioridades. Esta postura no solo refleja un endurecimiento político hacia el órgano electoral, sino también una desconexión preocupante frente a la importancia de una elección judicial robusta y transparente.
Boletas y color, pero sin recursos
La comisión electoral ya ha definido las características de las boletas, incluyendo colores distintivos para cada cargo judicial, desde el morado para la Suprema Corte hasta el rosa para las magistraturas de circuito. Sin embargo, el diseño final está sujeto a cambios que dependen de las listas que el Senado entregue en febrero. Este nivel de incertidumbre solo añade presión a un proceso ya de por sí frágil por la escasez de recursos.
El riesgo de debilitar al árbitro electoral
Los recortes presupuestales no solo afectan la logística, sino que representan un golpe a la credibilidad y la independencia del INE. La reducción en casillas y personal podría limitar el acceso ciudadano al voto, comprometiendo la legitimidad de los resultados y dejando al organismo electoral expuesto a ataques políticos.
La insistencia de Morena en minimizar las declaraciones críticas del INE como “amenazas” refleja un intento de desviar la atención del verdadero problema: un presupuesto insuficiente que podría poner en jaque la democracia mexicana.
El futuro de las elecciones judiciales no solo es un tema técnico, sino una prueba de fuego para la madurez democrática del país. Reducir al INE al mínimo indispensable no es solo un error logístico, sino un mensaje político preocupante: el debilitamiento del árbitro electoral en uno de los momentos más cruciales de la historia democrática de México.
Si bien el INE ha demostrado resiliencia ante retos anteriores, es momento de que el gobierno y los legisladores dejen de verlo como un enemigo y lo fortalezcan como la institución que garantiza los derechos ciudadanos. La democracia no puede construirse sobre los escombros de un organismo debilitado.
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