Ambigüedades. Gerardo Aguado analiza por qué la política exterior de México necesita un replanteamiento basado en el respeto.

La diplomacia y el respeto hacia un gobierno legítimamente electo y reconocido por la comunidad internacional son cosas muy diferentes a avalar un régimen espurio y golpista. Un régimen que ha cometido fraude electoral manipulando cifras, utilizando el poder del Estado para someter a las autoridades electorales y ocultando las actas auténticas del proceso electoral. Actas que nunca se dieron a conocer, pese a la presión de la comunidad internacional, y que evidenciaban un fraude masivo para asegurar una falsa victoria.

Es cierto que toda nación debe respetar la autodeterminación de otra, pero también lo es que tiene el deber de expresar, con responsabilidad, su postura frente a un proceso electoral fraudulento. Reconocer a un gobierno no debe responder a afinidades ideológicas ni a intereses políticos, sino al respeto absoluto por la democracia, la justicia y la verdad.

Durante la etapa de transición del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió transparencia en las actas y en la votación de la elección en Venezuela, un llamado apegado al derecho internacional y a una vocación democrática justa. Sin embargo, nunca se mostraron pruebas de la victoria de Nicolás Maduro. Lo que sí observó el mundo fue la persecución, arresto y asesinato de opositores al régimen; el exilio del verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González, y la persecución de la líder opositora María Corina Machado.

Las actas en poder de la oposición demostraban una victoria clara de González, mientras el oficialismo venezolano fue incapaz de rebatir dichos resultados. Ante esto, muchos países, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú, decidieron no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro. Incluso líderes cercanos a Venezuela, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, tomaron distancia.

CONTRADICCIÓN

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum cambió su postura. Contradiciendo su discurso inicial, envió a su embajador a la toma de protesta de Maduro y afirmó que «todo es asunto de los venezolanos, ellos deben decidir».

Tal como lo documenta El País en su edición del 10 de enero, la Administración de Joe Biden anunció nuevas sanciones contra Maduro, mientras gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas coincidieron en calificar de «dictadura» al régimen chavista. Este consenso refleja un reconocimiento de que la democracia y los derechos humanos deben estar por encima de cualquier ideología.

La política exterior de México requiere un replanteamiento profundo, basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, la justicia y el estado de derecho internacional. Más allá de colores e ideologías, nuestro país debe alinear su diplomacia con los principios que garantizan la libertad y la dignidad de los pueblos.