• Ya son 11 anexos clausurados en Torreón.
• No cuentan con licencias de funcionamiento, tienen menores adentros o abusan de los pacientes.
• En semanas el Congreso del Estado de Coahuila abordará este tema para revisar su regulación.

En Torreón, la clausura de centros de rehabilitación ha alcanzado una cifra preocupante, con un total de once establecimientos cerrados entre el año pasado y este. Las autoridades municipales han detectado múltiples irregularidades en estos lugares, lo que ha generado una creciente preocupación por la falta de regulación y el trato inadecuado hacia las personas que buscan superar sus problemas de adicción.

El director de Prevención del Delito, Víctor Ramos, dijo que «estos lugares atienden un problema de salud, de manera que las personas deben tratarse como pacientes, no como delincuentes». Sin embargo, la realidad en muchos de estos centros dista de este ideal. Según las inspecciones realizadas, se han encontrado desde la falta de licencias de funcionamiento y permisos, hasta maltratos, castigos físicos y verbales, e incluso casos extremos donde se obligó a mujeres a ejercer la prostitución.

Estadísticas

El Municipio tiene registrado un padrón de 63 centros de rehabilitación que atienden a aproximadamente 1,500 personas. Algunos de estos establecimientos también son objeto de sanciones al detectar irregularidades en su funcionamiento, lo que ha resultado en clausuras temporales o definitivas. Ramos dijo que muchos de estos centros los operan personas cuya única experiencia con las adicciones es superarlas a su manera. «Ellos argumentan que a golpes, insultos o castigos dejaron de ser adictos, pero no son los métodos adecuados, esos métodos no están permitidos en Torreón», subrayó Ramos.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que, al considerar el ingreso a un centro de rehabilitación, se aseguren de que estos cumplan con los requisitos legales y de seguridad necesarios. Entre los documentos que se deben solicitar están la licencia de funcionamiento, el protocolo de protección civil, el acta sanitaria de la Cofepris y el acta constitutiva ante la Secretaría de Hacienda. Además, es fundamental que los centros cuenten con un médico, psicólogo y psiquiatra, y que estos profesionales estén debidamente acreditados y disponibles para atender a los pacientes.

Mala praxis

Ramos también expresó su preocupación por la falta de apoyo de la Secretaría de Salud, que, debido a recortes presupuestales, ha dejado gran parte de la responsabilidad de atender a las personas con adicciones en manos de particulares sin experiencia ni conocimientos adecuados. Esto ha llevado a que muchos centros vean en el tratamiento de adicciones una oportunidad de negocio, cobrando cuotas a las familias sin garantizar un servicio profesional y humano.