• Regidora de Torreón a proceso: porta localizador.
• El juez consideró que existen elementos suficientes para su presunta participación en los delitos de lesiones leves en razón de género y amenazas.
• Durante la audiencia, ratificaron cinco medidas cautelares impuestas previamente.

Este lunes, en el Centro de Justicia Penal de Torreón, un juez de control dictó la vinculación a proceso de la Segunda Regidora del Cabildo de Torreón, Xóchitl «N», al considerarse que existen elementos suficientes para su presunta participación en los delitos de lesiones leves en razón de género y amenazas. Estos cargos se relacionan con un incidente reportado en mayo de 2022, cuando a Xóchitl «N» la acusaron de agredir a una funcionaria estatal y a dos mujeres en un evento público.

Durante la audiencia, se ratificaron cinco medidas cautelares que se impusieron previamente. Entre estas, destaca la colocación de un brazalete de monitoreo para rastrear sus movimientos. Además, Xóchitl «N» quedó inhabilitada para desempeñar sus funciones públicas y se le prohibió salir del estado o del país. También se le impuso la restricción de acercarse a la víctima directa mientras el proceso judicial se encuentra en curso.

El caso ha generado repercusiones en el ámbito político, con el Ayuntamiento de Torreón remitiendo la situación al Congreso del Estado en una sesión extraordinaria de Cabildo, donde se aprobó un acuerdo que declara la incompetencia de la autoridad municipal para imponer medidas disciplinarias adicionales a la regidora.

Contexto

Este conflicto tuvo su origen en un incidente ocurrido en agosto de 2022 en el Centro de Convenciones de Torreón. En aquella ocasión, Xóchitl «N» y su padre, Mario «CR», habrían protagonizado un altercado con tres mujeres que participaban en la organización de un evento del Partido Revolucionario Institucional. Silvia, una de las víctimas, relató que la agredieron al intentar organizar la distribución de asientos, lo que generó una reacción violenta de parte de los acusados.

La situación es seguida de cerca por los ciudadanos y despierta inquietud sobre la conducta de servidores públicos y la respuesta de las autoridades locales en temas de violencia y acoso, especialmente en un contexto donde se demanda responsabilidad y transparencia en el servicio público.