Prohibición del lenguaje inclusivo en Argentina.

Según Adorni, se vetará el uso de letras como -e, -x y -a.

Numerosos sectores han expresado su rechazo a esta medida.

El anuncio del Gobierno de Javier Milei de prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración pública argentina ha generado un intenso debate en todo el país. Esta medida, comunicada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, representa un marcado giro en la política lingüística del Estado, que ha despertado críticas y preocupaciones en diversos sectores de la sociedad.

Según Adorni, se vetará el uso de letras como -e, -x y -a, así como cualquier referencia al enfoque de género en documentos oficiales y comunicaciones gubernamentales. Esta decisión, en consonancia con la postura ultraderechista del presidente Milei, ha sido justificada como una medida para combatir lo que se considera el «adoctrinamiento» del «marxismo cultural» y para preservar los valores tradicionales de la sociedad.

Sin embargo, numerosos sectores han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que representa un retroceso en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las minorías. Organizaciones feministas, defensores de los derechos humanos y académicos han señalado que el lenguaje inclusivo no solo es una herramienta para visibilizar la diversidad y promover la igualdad, sino también un reflejo de la evolución social y lingüística de la sociedad argentina.

La prohibición del lenguaje inclusivo ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y los derechos lingüísticos en Argentina, así como sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad. Muchos críticos ven en esta medida un intento de coartar la libertad de expresión y de imponer una visión conservadora y excluyente en la esfera pública.

En este contexto, la sociedad argentina se encuentra dividida entre quienes respaldan la decisión del Gobierno como un acto de defensa de los valores tradicionales y quienes la critican como un retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza para la inclusión y la diversidad en el país.