Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y corrupción

por | 03/01/2026

  • Nicolás Maduro será juzgado en EU por narcotráfico y corrupción.
  • Así lo confirmó el Departamento de Justicia.
  • El caso marca un precedente histórico en América Latina.

Washington / Nueva York.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevado a juicio en Estados Unidos, confirmó este sábado la fiscal general Pam Bondi, quien detalló que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos federales por narcotráfico, corrupción y delitos relacionados con armas en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

A través de un mensaje en redes sociales, la titular del Departamento de Justicia aseguró que ambos acusados “enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”.

De acuerdo con Bondi, Maduro y Flores están acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento de uso exclusivo militar. En su publicación, la fiscal se refirió a la pareja presidencial como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

El Ministerio de Exteriores de Venezuela rechazó las acusaciones y las calificó como una “patraña”, postura que el gobierno chavista ya había sostenido desde noviembre pasado frente a los señalamientos de la Casa Blanca.

Recompensa y captura

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro, a quien Washington identifica como presunto líder del llamado Cartel de los Soles y con vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

Bondi agradeció públicamente al presidente Donald Trump por “su valentía para exigir responsabilidades” y a las Fuerzas Armadas estadounidenses, a las que atribuyó la ejecución de una “misión exitosa” para capturar al mandatario venezolano.

Horas antes, el propio Trump había anunciado en su red social Truth que Maduro y su esposa detenidos durante el ataque lanzado por fuerzas estadounidenses contra objetivos en Venezuela y que ya no se encontraban en territorio venezolano.

Causas abiertas desde 2020

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que Maduro enfrenta múltiples causas abiertas en Estados Unidos desde 2020, acusado formalmente por delitos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado durante el primer mandato de Trump.

Rubio reiteró que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo, al considerar que perdió las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados oficiales nunca respaldados con la publicación completa de actas. Observadores internacionales, incluido el Centro Carter, otorgaron entonces el triunfo a la oposición.

El senador republicano Mike Lee señaló que, tras conversar con Rubio, se le confirmó que la operación estadounidense se limitó a ejecutar la orden de arresto contra Maduro, y que la acción militar tuvo como objetivo proteger a los agentes involucrados en la detención. Según Lee, no se prevén más operaciones militares tras la captura del líder chavista.

Un precedente histórico

El caso de Maduro evoca el antecedente del dictador panameño Manuel Noriega, capturado tras la invasión estadounidense a Panamá en 1989 y condenado en 1992 por narcotráfico en un tribunal federal de Florida. Sin embargo, a diferencia de Noriega y de otros exmandatarios juzgados en Estados Unidos —como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández—, Maduro sería el primer presidente latinoamericano en funciones en enfrentar un juicio en territorio estadounidense.

El Distrito Sur de Nueva York, donde se llevará el proceso, se ha convertido en uno de los principales escenarios judiciales de la ofensiva antidrogas de Estados Unidos. En ese tribunal juzgados y condenados figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la fiscal general Pam Bondi, será ahora Nicolás Maduro, junto con su esposa, quien enfrente a la justicia estadounidense en un proceso que marca un nuevo y controvertido capítulo en la relación entre Washington y América Latina.

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