• Luisiana aprueba castración quirúrgica para agresores sexuales.
• Luisiana y otros estados como California, Texas y Florida permiten que los tribunales ordenen la castración química.
• Las investigaciones sobre la eficacia de tales leyes son escasas.

Cuando la representante Delisha Boyd, de Luisiana, leyó en las noticias a principios de mayo que un hombre acusado de violar a una niña de 12 año, un delincuente sexual registrado que anteriormente agredió a una niña de 5 años, no pudo evitar pensar en su propia familia: su madre cargó durante gran parte de su vida con el trauma de violación por un conocido de la familia cuando tenía 15 años.

Boyd llamó a la senadora estatal Regina Barrow, de Baton Rouge, su amiga y compañera demócrata. Juntas, se comprometieron a impulsar un proyecto de ley con pocas probabilidades de éxito, que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica de los agresores sexuales de niños. “Pensé: ‘Tenemos que impulsarlo, tenemos que hacer algo por estos niños’”, comentó Boyd, quien representa a Nueva Orleans.

En menos de dos semanas, Boyd y Barrow lograron convencer a sus respectivas cámaras, dominadas por los republicanos, para que aprobaran el proyecto de ley. Este pondría a Luisiana en vías de convertirse en el primer estado en codificar este procedimiento.

California, Texas y Florida permiten que los tribunales ordenen la castración química

Luisiana y otros estados como California, Texas y Florida permiten que los tribunales ordenen la castración química, pero la castración quirúrgica, mucho más intrusiva, posiciona a Luisiana a la vanguardia de un debate en torno a una forma de castigo asociada más con países que tienen sanciones penales mucho más duras, como Pakistán y Nigeria.

El proyecto de ley permitiría a los jueces ordenar que quienes cumplan condena por delitos sexuales contra menores de 13 años someterlos a una castración quirúrgica la semana siguiente a su salida de prisión. Si el preso se niega, se le podría imponer una pena adicional de entre tres y cinco años más en prisión.

El proyecto de ley permite ordenar el procedimiento tanto para hombres como para mujeres, mediante la extirpación de testículos u ovarios, basándose en la recomendación de un experto médico designado por el tribunal. Ahora falta la firma del gobernador Jeff Landry, un republicano que asumió el cargo en enero prometiendo mano dura contra la delincuencia. De adoptarse, se aplicaría a los condenados por delitos cometidos después del 1 de agosto.

La castración quirúrgica no había encabezado la lista de prioridades legislativas en Estados Unidos. De hecho, la castración química tampoco es tema importante en los últimos años; Alabama es el último estado en promulgar una ley de este tipo, en 2019, y Luisiana solo tiene un caso en la última década, según Boyd.

Investigaciones sobre la eficacia de tales leyes son escasas

Las investigaciones sobre la eficacia de tales leyes son escasas. En un artículo publicado en 2005 en el Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, investigadores descubrieron que la castración química “reducía los niveles de testosterona y afectaba la desviación sexual”, aunque advirtieron que los resultados eran de “fiabilidad cuestionable”.

Emily Horowitz, profesora de sociología en el St. Francis College de Brooklyn, señaló que no hay pruebas de que la castración quirúrgica ayudaría a reducir los delitos sexuales contra menores. “Esta nueva ley no es más que venganza; carece de evidencias de eficacia y está dirigida a una población despreciada y desamparada que ya está sujeta a decenas de consecuencias colaterales severas posteriores a la condena”, señaló.

CUESTIONAN VIOLACIÓN DE JURAMENTO HIPOCRÁTICO

Grupos nacionales dedicados a los derechos de los presos y los delitos sexuales cuestionaron si los médicos violarían su juramento hipocrático si tuvieran que realizar esos procedimientos ordenados por un tribunal. Algunos grupos pronosticaron demandas alegando que la legislación es inconstitucional, basadas en el derecho a la intimidad de la 14ª Enmienda, así como en la prohibición de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda.

Boyd también propuso un proyecto de ley que requeriría un procedimiento de vasectomía para los agresores sexuales de niños. Esa medida aprobada por la Cámara, no salió de un comité del Senado.

La representante aseguró que el proyecto de ley de castración quirúrgica empoderaría a las mujeres víctimas de abusos sexuales, subrayando que esperaba que se convirtiera en un elemento disuasorio. En todos los casos, agregó, los presos podrían elegir la alternativa de permanecer más tiempo en prisión. “Nadie va a atarte a una camilla y obligarte a hacerlo”, concluyó.