• Ley antifascismo en Venezuela: ¿Nueva represión?
• Esta legislación ha desatado preocupación debido a sus implicaciones en el ámbito de la libertad de expresión.
• Este proyecto plantea un aumento del control gubernamental sobre las libertades políticas.

El reciente proyecto de ley aprobado en primera revisión por el Parlamento venezolano ha generado fuertes críticas por parte de la oposición y expertos, quienes lo consideran como el «golpe final de la dictadura» del presidente Nicolás Maduro contra las libertades democráticas en el país.

Denominada como la ley «contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares», esta legislación ha desatado preocupación debido a sus implicaciones en el ámbito de la libertad de expresión y política en Venezuela. No solo impone duras penas de cárcel, inhabilitación política y multas por expresar «mensajes prohibidos», sino que también abre la puerta para la ilegalización de partidos políticos, siguiendo el ejemplo del régimen nicaragüense.

Presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, avalaron la propuesta en una primera discusión por el Parlamento y se espera su segundo debate. Este proyecto plantea un aumento del control gubernamental sobre las libertades políticas y de expresión en Venezuela, en un contexto de creciente persecución contra opositores, periodistas y críticos.

Entre sus disposiciones más controvertidas, la ley prohíbe el pensamiento «neoliberal» y «conservador» en todo el país, propone la censura total de redes sociales para aquellos que critiquen al gobierno y prohíbe cualquier reunión o manifestación que sea considerada «fascista» por el régimen. Además, establece la creación de una comisión dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.

Las duras sanciones contempladas en la ley, que van desde seis a doce años de prisión, se aplicarán a quienes incurran en «mensajes prohibidos», los cuales incluyen la promoción de la violencia política, la difusión de la cultura del odio y la denigración de la democracia y sus instituciones.

Este controvertido proyecto legislativo ha generado preocupación entre los opositores al régimen de Maduro, como María Corina Machado, quien alerta sobre la posibilidad de detenciones injustificadas y desapariciones forzadas. Ante este escenario, el futuro de las libertades democráticas en Venezuela sigue siendo incierto.