• EU prepara lista de políticos sujetos a restricciones de visa.
• Vinculados al narcotráfico.
• Entre los afectados hay figuras de Morena y gobernadores estatales.

La administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje a funcionarios y figuras del ámbito político mexicano, con base en una lista elaborada por agencias estadounidenses que vinculan a decenas de personas con redes de corrupción ligadas al crimen organizado.

Hasta el momento, dos políticos han confirmado la cancelación de sus visas estadounidenses: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, exdiputado federal. La mandataria aseguró que la decisión no implica culpabilidad alguna y que su gobierno ya solicitó una explicación formal a Washington. No obstante, la respuesta fue que se trata de asuntos confidenciales.

Figuras de Morena en la mira

De acuerdo con fuentes del gobierno estadounidense, la lista incluye a miembros prominentes de Morena, partido en el poder encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a gobernadores estatales y a excolaboradores cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Medios mexicanos también han reportado que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, podría estar en la lista, aunque su equipo de prensa no ha confirmado la revocación de su visa. Villarreal ha sido objeto de acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico, que él ha negado reiteradamente.

Un caso adicional es el del alcalde de Matamoros, a quien recientemente se le impidió cruzar a Brownsville, Texas. Aunque negó tener problemas con su visa, el hecho alimenta las sospechas de una política estadounidense más agresiva contra funcionarios locales.

Sanciones financieras en camino

Tres funcionarios estadounidenses indicaron que algunas de estas cancelaciones de visa podrían estar seguidas de sanciones del Departamento del Tesoro, como la congelación de activos y la prohibición de realizar negocios con empresas estadounidenses.

Estas acciones están amparadas en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisible a cualquier extranjero si se tienen “razones para creer” que participó en actividades de tráfico de drogas. También se contempla sancionar a los familiares beneficiados de dichas actividades ilícitas.

¿Una herramienta diplomática o una bomba política?

La medida coincide con la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la exploración de posibles intervenciones militares unilaterales contra ellos, según admitieron funcionarios de la administración Trump.

Aunque la presidenta Sheinbaum ha reiterado su disposición a colaborar en temas de seguridad y combate al narcotráfico, este tipo de acciones representan un desafío para su gobierno. Si bien podrían reafirmar su compromiso con la legalidad, también alimentan una narrativa de intromisión extranjera.

El exembajador de México en EE. UU., Arturo Sarukhán, advirtió que esta estrategia podría tensar la relación bilateral y dar argumentos al ala más nacionalista de Morena:

“Le da a Sheinbaum la excusa perfecta para culpar al imperialismo estadounidense de los problemas internos del país”, afirmó.

Un expediente que viene desde 2019

Muchos de los nombres en la nueva lista coinciden con un archivo elaborado por la DEA en 2019, durante los primeros años del gobierno de López Obrador. En ese entonces, la cooperación bilateral en temas de seguridad se vio severamente restringida. Esa investigación derivó en el proceso penal contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, condenado por narcotráfico en EE. UU.

El expediente fue supervisado por los exagentes Terrance Cole y Matthew Donahue, quienes entonces propusieron cancelar las visas de algunos políticos mexicanos. Aunque la propuesta fue desechada por diplomáticos de alto nivel, ahora Cole está en camino de ser confirmado como nuevo jefe de la DEA bajo la administración Trump.