• EU confirma 3 ofensivas contra embarcaciones y 14 muertos.
• Presuntamente vinculadas al narcotráfico.
• México y la región reclaman pruebas y cuestionan la legalidad de las operaciones.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el ejército estadounidense realizó el lunes tres ataques contra cuatro embarcaciones en el Pacífico; las operaciones habrían dejado 14 personas muertas y un posible superviviente aún no localizado. Washington atribuye las lanchas a “organizaciones terroristas designadas”, sin presentar pruebas públicas que lo acrediten.

En su mensaje en la red social X, Hegseth aseguró que las acciones se llevaron a cabo en aguas internacionales y que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses. Según el titular del Pentágono, los ataques fueron “ordenados” por el presidente y forman parte de una campaña que, según Estados Unidos, busca golpear redes de narcotráfico que asimismo han sido señaladas como grupos terroristas por el Departamento de Estado.

La operación y la versión oficial

Hegseth detalló que en los primeros dos ataques murieron ocho personas; en el segundo, cuatro; y en el tercero, dos, además de un posible sobreviviente cuya localización permanece en curso. El secretario afirmó que las embarcaciones transportaban droga y que sus tripulantes pertenecían a “organizaciones terroristas designadas”, sin especificar nombres ni aportar evidencia pública que sustente esas afirmaciones.

En su publicación, el secretario incluyó un video clasificado como “desclasificado” que muestra tres objetivos distintos y el impacto de proyectiles sobre embarcaciones en alta mar. Washington sostiene que las operaciones se ejecutaron conforme a protocolos de defensa, y el Comando Sur informó —según Hegseth— que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.

Reacciones regionales y papel de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su país “no está de acuerdo con estos ataques, con cómo se dan”, y sostuvo que la Secretaría de Marina (Semar) había decidido participar en el rescate del posible superviviente, ubicado en una zona aproximada a 800 kilómetros de Acapulco; sin embargo, la Semar aclaró posteriormente que la búsqueda sigue en marcha y que no se había confirmado la recuperación de esa persona.

Contexto de una ofensiva ampliada

Estos ataques se suman a una serie de operaciones similares que, desde principios de septiembre, han alcanzado al menos 14 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, con un saldo reportado por Washington de decenas de civiles muertos y algunos supervivientes. La Casa Blanca delata un endurecimiento de la estrategia: además de catalogar a ciertos grupos como “terroristas”, el Ejecutivo estadounidense ha desplegado un importante dispositivo naval y aéreo en la región —incluido el portaaviones Gerald R. Ford— y ha hablado de acciones que algunos analistas consideran extrajudiciales y contrarias al derecho internacional.

La lista de “organizaciones designadas” del Departamento de Estado incluye, entre otros, al Tren de Aragua (Venezuela) y a varios cárteles mexicanos; esa nómina ha sido citada por miembros del Gobierno estadounidense para justificar ataques que, según ellos, buscan frenar la salida de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Dudas sobre legalidad y comprobación de datos

Organismos y gobiernos de la región han cuestionado la transparencia de las operaciones y la falta de evidencia pública que respalde las imputaciones de terrorismo. Además, la retórica oficial —que compara el daño del narcotráfico con el causado por organizaciones como Al Qaeda— ha intensificado el debate sobre la proporcionalidad, la jurisdicción y los riesgos de escalamiento regional.

El episodio agrega tensión a las relaciones entre Washington y gobiernos latinoamericanos, en un momento en que algunos líderes han denunciado operaciones unilaterales. En el Senado de Estados Unidos quedó pendiente una votación sobre una propuesta que buscaría limitar estas ofensivas y evitar una escalada mayor, incluida la posibilidad de una intervención terrestre en Venezuela, opción que el presidente estadounidense ha dejado abierta en sus declaraciones.