• Esto no le va a gustar a México: Trump.
• El decreto otorga a Estados Unidos amplios poderes para actuar contra estas organizaciones.
• Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enfrenta el desafío de responder a esta presión.

En un movimiento que podría redefinir la relación entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas.

Esta decisión, tomada en su primer día de mandato, ha generado alarma en ambos lados de la frontera por las implicaciones en la soberanía de México y la estrategia bilateral de seguridad. «No le va a gustar a México», declaró Trump mientras anunciaba la medida ante sus seguidores en un acto público.

El decreto otorga a Estados Unidos amplios poderes para actuar contra estas organizaciones, desde sanciones financieras hasta posibles incursiones militares. Analistas como Carlos Pérez-Ricart advierten que esta decisión marca el inicio de una “invasión suave”, en la que las agencias de inteligencia estadounidenses centrarán sus operaciones en México. Si bien esto podría facilitar la identificación de empresas vinculadas al crimen organizado, también representa un riesgo de escalada en las tensiones diplomáticas y un golpe a décadas de cooperación en seguridad.

DESAFÍO PARA CLAUDIA SHEINBAUM

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, enfrenta el desafío de responder a esta presión. Su administración ha enfatizado una política antidrogas basada en programas sociales, pero también ha dado pasos firmes en operativos como el decomiso récord de fentanilo en Sinaloa, uno de los mayores bastiones del narcotráfico. No obstante, el enfoque de Trump, centrado en evitar el tráfico de drogas hacia su país, contrasta con la estrategia mexicana de reducir la violencia interna, una brecha que complica la colaboración entre ambos gobiernos.

La designación de los cárteles como terroristas no solo abre la puerta a la intervención militar, sino que también refuerza un enfoque militarista en el tratamiento de la inseguridad. Para expertos como Oswaldo Zavala, esta medida consolida una tendencia histórica en la que la política de seguridad mexicana ha estado subordinada a los intereses geopolíticos estadounidenses. Además, señala que el avance de la militarización en México tiene consecuencias directas en la ciudadanía, desde ciberespionaje hasta violaciones a derechos humanos.

En el ámbito político, la oposición mexicana ha cerrado filas en rechazo al intervencionismo extranjero. Partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano han criticado la medida, acusando a Morena de un debilitamiento institucional que, según ellos, ha facilitado estas presiones externas. Mientras tanto, México permanece en un estado de tensa expectativa ante el próximo movimiento del presidente estadounidense.