Deportar derechos: la estrategia de Washington para fabricar indocumentados. La Casa Blanca retira TPS, permisos humanitarios y visas a migrantes y estudiantes, creando una “fábrica de indocumentados” que agrava la crisis migratoria y erosiona el Estado de derecho.
Nuestra Opinión
Estados Unidos atraviesa un momento crítico de su política migratoria. Lejos de garantizar vías de integración o regularizar a quienes ya están dentro de sus fronteras, la Casa Blanca ha optado por quitar estatus a personas que cumplían todas las reglas. El resultado es paradójico: mientras se habla de “crisis en la frontera”, el propio Gobierno se ha convertido en la principal fábrica de indocumentados.
Un golpe a los permisos humanitarios
Más de 530 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron legalmente mediante el programa de permiso humanitario quedaron de un plumazo fuera de toda protección. A muchos se les ofrece “salir voluntariamente” bajo el programa CBP Home, con boletos de avión gratis y la promesa de no manchar su historial. Pareciera un guiño humanitario; en realidad, es un atajo político para maquillar estadísticas.
El TPS ya no es seguro
El Estatus de Protección Temporal (TPS) —creado para quienes huyen de guerras o catástrofes— también está en la mira. La administración de Trump prepara su cancelación para venezolanos, haitianos, cameruneses y afganos, más de un millón de personas que viven y tributan en EE. UU. desde hace años. No son una amenaza: son fuerza laboral, aporte fiscal y tejido comunitario.
Criminalización selectiva
Las redadas aumentan y las historias se repiten: migrantes detenidos cuando acudían puntualmente a sus citas; estudiantes internacionales expulsados por “faltas administrativas” o simples opiniones políticas. El mensaje es brutal: aun cumpliendo la ley puedes quedar fuera.
Un efecto boomerang anunciado
El Centro Pew cifra hoy en 11,2 millones la población indocumentada. Con estas cancelaciones masivas, ese número crecerá sin que cruce un solo migrante más por la frontera. La estrategia es clara: incrementar la irregularidad para luego justificar deportaciones masivas y fortalecer la narrativa del miedo antes de la contienda electoral.
El riesgo de dinamitar el Estado de derecho
Retirar derechos adquiridos no es “mano dura”, es quebrantar la certidumbre jurídica sobre la que descansa cualquier democracia. Cuando la ley se usa para expulsar a quienes ya la acataron, se erosiona la confianza en todo el sistema.
Estados Unidos se construyó gracias a quienes llegaron de fuera; negarlo es negar su propia historia. Fabricar indocumentados no resolverá la migración: solo añadirá miedo, informalidad y resentimiento. La ley que hoy se viola contra el migrante mañana podría volverse contra cualquier otro ciudadano.
La coyuntura pasará, pero este capítulo quedará registrado como un retroceso moral e institucional. Las comunidades afectadas seguirán aportando, con o sin papeles, porque su vínculo con el país es más fuerte que cualquier decreto. El desafío es si la sociedad norteamericana permitirá que la política convierta a la justicia en un arma de exclusión permanente.
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