En un giro económico sin precedentes, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha devaluado el peso en más del 50%, llevando el tipo de cambio oficial de 400 a 820 pesos por dólar.

El Gobierno ultraderechista ha anunciado una serie de medidas económicas contundentes, incluyendo la paralización de nuevas licitaciones de obra pública, el despido de funcionarios con menos de un año en sus cargos, la reducción de subsidios a la energía y transporte, y una disminución de las transferencias de fondos federales a las provincias.

Estas medidas, diseñadas para recortar alrededor de 20.000 millones de dólares en gasto público, equivalente al 5% del PIB, buscan abordar la adicción al déficit fiscal que, según el ministro de Economía Luis Caputo, ha aquejado a Argentina. La devaluación abrupta pretende liberar el valor del peso, aunque la brecha con las cotizaciones alternativas persiste.

Uno de los anuncios más impactantes es la reducción de los subsidios al transporte público, la luz, el gas y el agua, afectando directamente al poder adquisitivo de los ciudadanos. Además, se suspenden nuevas licitaciones de obra pública y se busca financiar la infraestructura a través de inversiones privadas.

La motosierra de recortes también se dirige al empleo público, con la no renovación de contratos para funcionarios con menos de un año en sus cargos. La suspensión de la publicidad gubernamental por un año y la búsqueda de financiamiento en China mediante la renovación del intercambio de monedas son parte de las estrategias para aliviar la escasez de divisas y enfrentar vencimientos de deuda.

La reacción del mercado y la brecha entre las cotizaciones oficial y paralelas se observarán con atención. Estas medidas cuentan con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que contribuirán a estabilizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. La incertidumbre sobre el impacto a corto y largo plazo de estas medidas en la sociedad argentina genera tensiones y desafíos significativos.