• Tren Maya: militarización, daños ambientales y especulación.
• Organizaciones civiles presentan un informe que documenta afectaciones.
• Un megaproyecto que sigue generando preguntas incómodas.

A casi un año de que el Tren Maya comenzara a operar en el sur del país, una nueva misión de observación integrada por colectivos locales, nacionales e internacionales encendió las alarmas sobre los impactos que ha dejado el megaproyecto en Quintana Roo y Campeche. El documento, titulado Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones, reúne 15 hallazgos que abarcan daños ambientales irreversibles, militarización del territorio, afectaciones sociales y un acelerado proceso de especulación inmobiliaria.

La investigación se centra en los tramos 5, 6 y 7 —considerados los más complejos por su fragilidad ecológica y por estar bajo la ejecución de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)— y elaborada tras un recorrido de campo realizado en abril de 2025. La antropóloga del INAH, Giovanna Gasparello, una de las autoras, explicó que la intención es “monitorear y denunciar violaciones a derechos humanos y de la naturaleza vinculadas al proyecto”.

Militarización y abuso de poder

El informe señala que la decisión del Gobierno federal de encomendar estos tramos a las Fuerzas Armadas derivó en un proceso de “ocupación militar”. De acuerdo con los testimonios recabados, comunidades han enfrentado abusos de poder, extralimitación de funciones y prácticas intimidatorias por parte de elementos castrenses y de corporaciones como la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

La misión acusa que el Ejército ha consolidado un rol dominante en la obra pública, el turismo, la administración de Áreas Naturales Protegidas, así como en la operación de puertos y aeropuertos. También se reporta la ocupación arbitraria de espacios públicos como playas y plazas, lo que ha dejado a la población sin mecanismos efectivos para denunciar los malos tratos.

Daños ecológicos de gran escala

En el terreno ambiental, el documento advierte impactos “irreversibles” asociados a la fragmentación del territorio, deforestación, afectación a humedales y apertura de nuevas canteras. El caso más grave ocurre en el Tramo 5, donde el trazo original movido hacia la selva tras presiones de empresarios turísticos. Esta modificación llevó a la instalación de más de 15.000 pilares de metal y concreto dentro del sistema de cuevas, afectando 125 cenotes pese a las advertencias de científicos, buzos y espeleólogos.

Organizaciones como Cenotes Urbanos, Greenpeace y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible participaron en la documentación de estos daños, que consideran un riesgo para uno de los sistemas de agua subterránea más importantes del continente.

Especulación inmobiliaria y nuevos asentamientos

El informe también señala que el valor de los terrenos colindantes al trazo del tren ha aumentado hasta 400%, detonando procesos acelerados de compra, venta y acaparamiento. Se han identificado nuevos asentamientos irregulares y desarrollos habitacionales de lujo sin cambio de uso de suelo ni permisos legales. Autoridades de Quintana Roo han reconocido previamente este fenómeno, vinculado directamente a la llegada del Tren Maya.

Las comunidades aseguran que estos proyectos no solo encarecen la vivienda, sino que desplazan a familias y generan tensiones territoriales.

Una obra emblemática con costos crecientes

El Tren Maya fue la obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su costo inicial de 150.000 millones de pesos se disparó hasta superar los 500.000 millones. Durante su construcción se registraron conflictos sociales, denuncias ambientales y crecientes cuestionamientos por la falta de transparencia y la participación militar.

La Misión Civil concluye que los impactos continúan, ahora trasladados a la operación cotidiana del proyecto: un tren que pretende impulsar el desarrollo, pero que para las comunidades puede estar profundizando desigualdades y vulnerando derechos.