• Suprema Corte ordena crear un registro de migrantes detenidos.
• México se ha convertido en un tramo especialmente riesgoso para quienes huyen de la violencia.
• El proceso para implementar esta medida será largo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una resolución histórica que impactará significativamente en la gestión migratoria de México. Tras un amparo promovido por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, el máximo tribunal ha ordenado reformar la Ley de Migración para implementar un registro público de migrantes detenidos, similar al Registro Nacional de Detenciones.

Esta plataforma deberá incluir información clave como la fecha, hora, lugar, autoridad responsable de la detención y el destino del migrante en las estaciones migratorias. La medida busca combatir el aislamiento y la desprotección jurídica que enfrentan las personas migrantes, una problemática que afecta a los más de 925,000 migrantes detenidos en lo que va del año.

Un camino peligroso para los migrantes

México se ha convertido en un tramo especialmente riesgoso para quienes huyen de la violencia, el hambre o la persecución. Migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién describen su paso por México como «la peor parte» de su travesía, enfrentándose a secuestros, extorsiones y, en el peor de los casos, a la muerte. La corrupción de las autoridades y los abusos del crimen organizado agravan esta situación.

Los centros migratorios, operados por el Instituto Nacional de Migración, señalados por su opacidad y condiciones inhumanas. Informes del Servicio Jesuita de Ayuda al Migrante documentaron 1,280 desapariciones de migrantes entre 2007 y 2021, donde el 75% ocurrió en estaciones migratorias. Estas instalaciones funcionan como cárceles encubiertas, negando derechos básicos como la comunicación con familiares o acceso a defensa legal.

Falta de un registro: una brecha en derechos humanos

Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, advierte que la ausencia de un registro fomenta violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y desapariciones forzadas. Además, permite a las autoridades prolongar arbitrariamente las detenciones, ya que no hay constancia de las fechas de ingreso de los migrantes.

En 2019, la reforma al artículo 16 de la Constitución estableció el Registro Nacional de Detenciones para prevenir abusos, pero de manera expresa excluyó a los migrantes. Desde entonces, el Congreso tenía un plazo de 180 días para crear un registro específico, pero no cumplió con esta disposición, dejando en la indefensión a miles de personas.

Una victoria legal con retos por delante

El amparo presentado en 2022 resultó en una primera victoria en un juzgado de distrito, apelado por el Senado y la Cámara de Diputados. Tras más de 15 meses de espera, la SCJN ha ratificado la necesidad de crear el registro. Con los votos de los ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, se determinó que la omisión legislativa vulnera derechos fundamentales.

El proceso para implementar esta medida será largo. Una vez que el proyecto revisado y enviado al juzgado de distrito, este ordenará al Congreso realizar las reformas necesarias. Se estima que podría tardar hasta un año en concretarse.

La decisión marca un avance crucial para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en México, pero también deja en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en materia migratoria.