• Sobrenombres de candidatos a jueces exhiben politización.
• El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió rechazar estos alias.
• Una preocupante tendencia hacia la trivialización de procesos serios como la elección de jueces.

La premura por implementar la reforma judicial que permite la elección popular de jueces en México está revelando serias deficiencias en el proceso. Entre los problemas más recientes destaca la polémica sobre los sobrenombres que algunos candidatos pretendían incluir en las boletas electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió rechazar estos alias, generando críticas por una posible trivialización de la justicia y la aparente cercanía de algunos jueces con partidos políticos.

Sobrenombres polémicos y el rechazo del INE

Los sobrenombres, permitidos en elecciones legislativas desde los noventa, fueron vetados por el INE para estas elecciones judiciales, alegando motivos de forma y fondo. Sobrenombres como “El juez de AMLO” o “El Juez de la 4T” fueron considerados inadecuados por su carácter propagandístico y su potencial para confundir al electorado.

Josafat Cortez, profesor de la UNAM y experto en asuntos jurídicos, explicó que estos alias violan las normativas establecidas por la jurisprudencia electoral:

“No pueden ser propaganda, ni confundir al elector, tampoco vulnerar los principios que rigen la elección y deben seguir cauces sensatos y razonables”.

El trasfondo político y los riesgos

El uso de sobrenombres busca, según Cortez, acercar a los candidatos al partido con mayor capacidad de movilización, en este caso, Morena.

“El problema de origen es el diseño apresurado de la reforma judicial, que impide campañas formales, lo que lleva a los aspirantes a utilizar sobrenombres para ganar visibilidad”, señala.

Esta estrategia, sin embargo, conlleva riesgos. Por un lado, la falta de recursos para hacer campaña podría abrir la puerta a financiamientos irregulares provenientes de intereses políticos, empresariales o incluso ilícitos. Por otro lado, se corre el riesgo de trivializar el acto de impartir justicia, reduciendo la seriedad de las elecciones judiciales a simples maniobras publicitarias.

La historia de los sobrenombres en México

Javier Santiago Castillo, exconsejero del INE, recuerda cómo en 1991 se permitió por primera vez el uso de apodos en boletas electorales cuando el nadador Tibio Muñoz se postuló para diputado. A partir de entonces, se establecieron reglas claras: el apodo debe ser ampliamente conocido por el electorado. Figuras como La Tigresa (Irma Serrano) también se beneficiaron de esta normativa.

Sin embargo, los actuales sobrenombres como “El juez de AMLO” o “La ministra del pueblo” no cumplen con estos criterios.

“Estos apodos buscan capitalizar la imagen presidencial o partidista, lo cual es oportunismo puro y carece de base legal”, enfatiza Santiago Castillo.

Un proceso acelerado y lleno de vacíos

Luis Miguel Carriedo-Baños, experto en temas electorales, subraya que el INE argumentó la falta de tiempo y la ausencia de registros adecuados como razones clave para rechazar los alias.

“Si hubiera impugnaciones, el Tribunal Electoral debería intervenir, pero el tiempo apremia”, advierte.

Josafat Cortez anticipa que en las próximas semanas veremos campañas intensas, especialmente en redes sociales, donde los candidatos buscarán apoyo financiero y mediático.

“La gran pregunta será de dónde provienen esos recursos y qué intereses podrían estar detrás”, concluye.

La polémica por los sobrenombres revela no solo los problemas logísticos y legales de la reforma judicial, sino también una preocupante tendencia hacia la trivialización de procesos serios como la elección de jueces.