- Sheinbaum endurece leyes contra la extorsión.
- Llama a los estados a homologar la normativa federal, pero el delito sigue creciendo 23% desde 2019.
- El Gobierno impulsa el Plan Michoacán y una estrategia nacional para contener el fenómeno.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha colocado el combate a la extorsión en el centro de su agenda de seguridad al cierre de 2025, impulsando reformas legales que contemplan penas de hasta 42 años de prisión y la investigación de oficio sin necesidad de denuncia. Sin embargo, pese al nuevo marco jurídico y a la insistencia en reforzar la coordinación con las entidades, este delito continúa en ascenso y se ha convertido en el principal desafío para el gabinete de seguridad federal.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta llamó a los 32 gobernadores a homologar la nueva ley nacional aprobada en noviembre y a operar con mayor contundencia:
“Uno de los grandes retos es avanzar en la erradicación de la extorsión. Si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, vamos a avanzar mucho más”, advirtió.
La extorsión, el delito que no cede
A diferencia de otros crímenes que han mostrado descensos significativos —el secuestro cayó 58.4% y los robos con violencia casi 49%—, las extorsiones crecieron 23.1% entre 2019 y 2025, según datos del propio Gobierno federal.
La Estrategia Nacional Contra la Extorsión, activada en julio, ha permitido una reducción del 20% en las denuncias y la prevención de más de 77 mil intentos de extorsión a través del 089, aunque persisten dudas sobre si esta caída en denuncias refleja realmente una disminución del delito o solo un menor reporte por parte de las víctimas.
Sheinbaum explicó que con la nueva legislación, la extorsión deja de depender de la denuncia ciudadana y se integra también como delito federal, lo que permite a la FGR investigarlo directamente.
“La virtud es que no recae en la víctima la denuncia. La extorsión no es algo que afecte solo a una persona, es un delito que debemos perseguir todos”, señaló.
Un golpe a la percepción pública
El crecimiento de este delito no solo preocupa desde el plano operativo, sino también desde el político. La presidenta reconoció que la extorsión es hoy el tema que más está afectando la percepción de seguridad del país, incluso después de meses donde las detenciones y decomisos le habían dado oxígeno narrativo al gobierno.
Esa percepción se quebró tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 2 de noviembre, apenas una semana después de que el Senado respaldara la estrategia federal de seguridad. A ese crimen se suma el homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, que reveló nuevamente cómo las cuotas, la violencia y la intromisión del crimen organizado en mercados completos siguen escalando.
La extorsión ya no es solo un cobro de piso: en muchos estados los grupos criminales buscan regular precios, intervenir en distribuciones y controlar mercados enteros, un fenómeno sofisticado que avanza más rápido que las capacidades institucionales.
Plan Michoacán y municipios prioritarios
En respuesta, Sheinbaum anunció el Plan Michoacán, una intervención intensiva en 35 municipios prioritarios —con un total de 100 identificados en el país— donde se reforzará la presencia institucional mediante las denominadas ferias del bienestar.
El plan se basa en los cuatro ejes recurrentes del Gobierno federal:
- Atención a las causas,
- Fortalecimiento de la Guardia Nacional,
- Inteligencia e investigación,
- Coordinación con los estados.
En este último punto, la presidenta fue categórica:
“Trabajando juntos, el próximo año podremos decir que hemos bajado el delito de la extorsión.”
Sin embargo, el reto que enfrenta es monumental: contener una actividad criminal que se ha expandido más rápido que las respuestas gubernamentales y que hoy es el principal dolor de cabeza en materia de seguridad pública en México.
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