• Sheinbaum critica propuesta de Ministro de la Suprema Corte.
• Hizo un llamado a la prudencia y pidió esperar la votación de los ministros sobre el proyecto.
• Cuestionó además la propuesta del ministro de limitar la elección popular a jueces de distrito y magistrados de circuito.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó su rechazo a la iniciativa del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca invalidar elementos clave de la reciente reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que la Corte no tiene facultad para legislar y calificó la propuesta como “incorrecta” e “inconstitucional”.

Sheinbaum hizo un llamado a la prudencia y pidió esperar la votación de los ministros sobre el proyecto, resaltando que los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para interponer amparos contra cambios constitucionales.

«La Corte no puede legislar. Es un error que los ministros pretendan legislar frente a amparos presentados por personas morales sin personalidad jurídica», puntualizó la presidenta.

La mandataria subrayó la gravedad de la situación, destacando que los ministros de la Corte, “doctores en Derecho”, conocen bien sus atribuciones y limitaciones.

“Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. No tienen atribuciones para anular una reforma constitucional que siguió todos los procesos establecidos”, enfatizó Sheinbaum.

Por otra parte, Sheinbaum también comentó sobre la renuncia de algunos ministros, la cual podría presentarse próximamente. Explicó que, de hacerlo en este momento, podrían conservar sus haberes de retiro, lo que no sucedería si posponen su renuncia. La presidenta cuestionó además la propuesta del ministro de limitar la elección popular a jueces de distrito y magistrados de circuito, señalando que esto dejaría sin impacto directo a otros funcionarios judiciales.

El proyecto de resolución de González Alcántara, que busca anular la elección popular de jueces y magistrados, argumenta que dicha medida no garantiza la seguridad jurídica necesaria para un sistema democrático y carece de claridad en los requisitos para la inclusión en listas de votación. Además, advierte sobre la falta de garantías para que los ciudadanos emitan un voto informado.