La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará que se giren órdenes de aprehensión contra ocho personas señaladas como presuntas responsables de la muerte de 39 migrantes y lesiones a otros 27, por el incendio que ocurrió el pasado lunes en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sara Irene Herrerías, fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, informó que entre los imputados está un migrante señalado como el que provocó el incendio.

Detalló que en las próximas horas se solicitarán las primeras cuatro órdenes de aprehensión por los probables delitos de homicidio, daños en propiedad ajena y lesiones y se buscan elementos para configurar abuso de autoridad y malos tratos.

De estos presuntos responsables, además del migrante, dos pertenecen al Instituto Nacional de Migración (INM) y uno a la empresa de seguridad privada encargada de las instalaciones de la estancia provisional.

«Todavía están en proceso para que los cuerpos sean repatriados a sus lugares de origen, aún falta el reconocimiento por parte de familiares para iniciar la entrega de los mismos», señaló Herrerías Guerra y dio a conocer que ayer miércoles llegó el primer familiar de uno los occisos.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que está en constante comunicación con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que prometió que esta tragedia no va a quedar impune.

En conferencia en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en la que no participó ningún funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) ni de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la funcionaria se comprometió a transparentar el caso y a dar a conocer todos los detalles: «Nada se va a ocultar y se va a decir la verdad», insistió Rodríguez Velázquez.

La secretaria consideró que así como los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley por los homicidios, también se va a hacer la revisión de la empresa (concesiq

La secretaria consideró que así como los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley por los homicidios, también se va a hacer la revisión de la empresa (concesionaria del servicio de seguridad), si cumplía con requisitos y permisos correspondientes, aunque adelantó que la compañía privada ya no podrá dar servicio en México.

onaria del servicio de seguridad), si cumplía con requisitos y permisos correspondientes, aunque adelantó que la compañía privada ya no podrá dar servicio en México.

«Las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar», advirtió.

En la conferencia que duró más de una hora, la titular de la SSPC, manifestó que están revisando por qué no se cumplieron los protocolos en materia de protección civil.

«No había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de que, en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja. Entonces, es algo que está en las investigaciones, como dijo la fiscal [Sara Irene Herrerías] ¿quién no permitió la salida de estas personas? Evidentemente hay un delito grave», subrayó.

La secretaria de Seguridad detalló que de los 27 migrantes hospitalizados, 14 son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 11 en el Hospital General del Estado de Chihuahua y dos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

«De los 14 del IMSS tenemos el reporte de que seis de ellos están sumamente graves y ocho muy delicados. En tanto que, en el Hospital General, 10 de los 11 internados se encuentran graves y uno delicado. Mientras que los dos que se ubican en el ISSSTE están estables», detalló.

Recalcó que la política migratoria del gobierno federal es de respeto a los derechos humanos y los lamentables acontecimientos en Ciudad Juárez no tienen nada que ver con esa política: «El gobierno de México manifiesta su completa indignación ante esta tragedia y envía sus respetuosas condolencias a las familias de quienes fallecieron y a las naciones hermanas», expresó.