En un acelerado proceso legislativo, el Senado de México ha aprobado este miércoles en lo general la enmienda al artículo 21 de la Constitución, impulsada por el Gobierno hace apenas dos semanas. La reforma, que aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, confiere a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, facultades de investigación en delitos similares a las de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional, ahora bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esta modificación coloca a García Harfuch en una posición clave dentro de la estrategia de seguridad del país. La SSPC, que inicialmente se consideraba limitada en el ámbito federal, ahora podrá desplegar una fuerza investigativa con más de 10,000 agentes —muchos de ellos provenientes de la extinta Policía Federal— que antes operaban en la Guardia Nacional pero carecían del entrenamiento militar exigido tras la transferencia de esta fuerza a la Sedena. Además, la SSPC contará con el respaldo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por Francisco Almazán Barocio, un antiguo colaborador de Harfuch, con un contingente adicional de 5,000 agentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de la reforma, destacó que la nueva disposición fortalecerá la capacidad de la SSPC para coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esta medida convierte a García Harfuch en el “zar de la seguridad” en México, permitiéndole supervisar y coordinar a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que incluye a las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, y la FGR, además de las fuerzas estatales.

NUEVAS FACULTADES

Por otro lado, la reforma otorga nuevas facultades al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dirigido por Marcela Figueroa. Bajo el paraguas de la SSPC, el Secretariado auditará y supervisará el uso de los fondos federales destinados a la seguridad pública en estados y municipios, garantizando así una mayor fiscalización en el manejo de estos recursos.

Con esta enmienda, el Gobierno busca fortalecer las atribuciones de la SSPC en la lucha contra la delincuencia, estableciendo un sistema de seguridad unificado que coordine las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno. La aprobación final de esta reforma queda en manos de la Cámara de Diputados, con expectativas de una ratificación rápida gracias a la mayoría de Morena y sus aliados.