En una decisión trascendental, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han acordado posponer los juicios de amparo relacionados con la prisión preventiva oficiosa hasta que se resuelvan los proyectos pendientes que enfrentan al tribunal con el Gobierno federal. Esta medida anunciada por la ministra Lenia Batres en una sesión privada, en medio de un contexto de alta tensión entre la Corte y el Ejecutivo.

La prisión preventiva oficiosa, contemplada en el artículo 19 de la Constitución Mexicana, defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador como un pilar clave de su estrategia de seguridad. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha instado a México a eliminarla, argumentando que viola garantías internacionales al permitir el encarcelamiento automático sin sentencia firme.

El principal proyecto pendiente en la SCJN, presentado por el ministro Jorge Pardo, busca inaplicar el artículo 19 para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa. Este proyecto objeto de críticas y presiones por parte del Ejecutivo, que ha advertido sobre el riesgo de impunidad si se aprueba.

La decisión de aplazar los juicios de amparo se produce en un momento crucial, justo cuando el Gobierno ha propuesto una reforma judicial que podría afectar drásticamente al poder judicial federal, incluyendo la destitución de numerosos jueces y magistrados. Esta reforma, impulsada tras el reciente triunfo electoral de Morena, ha generado una intensa negociación entre la SCJN y el Ejecutivo para mitigar sus efectos más controversiales.

La medida cautelar de la SCJN busca evitar que los tribunales colegiados emitan fallos contradictorios mientras se define un criterio unificado sobre la prisión preventiva oficiosa. Según datos gubernamentales, actualmente hay aproximadamente 68,000 personas en México bajo esta modalidad de prisión, enfrentando largos periodos de encarcelamiento preventivo sin una resolución judicial definitiva.

Esta situación refleja las complejidades y tensiones en el sistema judicial mexicano, donde el equilibrio entre seguridad pública y derechos individuales continúa siendo objeto de debate y litigio en las más altas instancias judiciales del país.