La Fiscalía mexicana ha experimentado un revés legal en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien este año fue declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Un tribunal colegiado ha rechazado la solicitud de una orden de aprehensión contra García Luna en relación con un caso de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a García Luna de haber acumulado una fortuna injustificada de 43 millones de pesos durante el período de 2000 a 2012, durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN.

Durante esos años, García Luna ocupó cargos importantes, primero como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y luego como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo responsable de la estrategia de combate al crimen organizado.

La FGR ha anunciado que tomará acciones legales contra tres magistrados y un juez por supuestamente actuar en contra de la administración de justicia, un delito federal previsto en el Código Penal.

La FGR afirma que, a pesar de las pruebas de que su patrimonio era desproporcionado e injustificado en comparación con sus ingresos legítimos, se negó la orden de aprehensión.

La estrategia de la FGR de emprender acciones legales contra jueces que emiten resoluciones en contra de sus argumentos o que conceden amparos a los acusados es una práctica común.

Sin embargo, en el caso de los expedientes contra García Luna, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha expresado su preocupación por la actuación de los jueces.

El presidente ha señalado en sus conferencias matutinas cómo un tribunal ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas a García Luna, a pesar de que enfrentaba acusaciones en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador también ha cuestionado la contratación en el Poder Judicial de funcionarios que habían trabajado previamente para García Luna, utilizando estos ejemplos para argumentar la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial.

A pesar de este revés en el tribunal colegiado, García Luna aún enfrenta otras tres órdenes de captura en México por tráfico de armas, delincuencia organizada y desvío y blanqueo de recursos. Además, el Gobierno ha iniciado un juicio civil en Florida para intentar recuperar la fortuna corrupta del exfuncionario, valorada en 750 millones de dólares por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En julio, la FGR detalló las órdenes de aprehensión pendientes contra García Luna. Una de ellas está relacionada con el operativo «Rápido y Furioso», en el cual se introdujo armamento ilegal de Estados Unidos a México con el objetivo de rastrearlo y ubicar a sus portadores, una operación que resultó en un desastre.

Otra orden de captura está relacionada con un daño patrimonial por la construcción y administración de cárceles durante el mandato de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, que involucra contratos con sobreprecio y una posterior privatización.

La última orden de aprehensión se relaciona con contratos ilegales y abusivos para el equipamiento de prisiones públicas, que habrían causado un daño al erario.

Estas órdenes de aprehensión respaldan la solicitud de extradición de García Luna por parte del Gobierno mexicano a Estados Unidos para enfrentar cargos en su país de origen.