• Prepara reforma que devolvería al Ejecutivo control de fiscalías.
• Para que presidentes y gobernadores designen directamente a los fiscales.
• Especialistas alertan sobre el riesgo de politización en la justicia.

Ciudad de México.- El Gobierno de Claudia Sheinbaum trabaja en una ambiciosa reforma que devolvería al presidente de la República y a los gobernadores la facultad de nombrar directamente a los fiscales. La iniciativa contempla cambios a nivel federal y estatal, lo que incluye a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las 32 fiscalías locales.

Fuentes del Congreso y de la Presidencia confirmaron a EL PAÍS que el proyecto ya tiene un borrador, elaborado por la Consejería Jurídica, y se espera que se presente en el próximo periodo ordinario de sesiones, hacia finales de 2025.

El cambio representa un retorno al antiguo modelo en el que los procuradores designados y removidos a discreción del mandatario en turno, lo que históricamente generó vínculos de subordinación política. Esta práctica modificada hace una década con una reforma constitucional que buscaba dotar a las fiscalías de autonomía para garantizar imparcialidad y continuidad sexenal.

Sin embargo, Morena —el partido en el poder— considera que esa autonomía ha sido contraproducente. Asegura que fiscales heredados por gobiernos anteriores, en especial de oposición, han obstaculizado investigaciones clave y frenado el combate a la corrupción.

Casos que motivan la reforma

Tres casos emblemáticos citados como impulsores de la iniciativa. El más destacado es el de Carlos Zamarripa, quien fue fiscal de Guanajuato durante 15 años. Bajo su gestión, la violencia se disparó y Morena lo acusó de tener nexos con el crimen organizado. A pesar de las presiones políticas, Zamarripa se mantuvo en el cargo gracias al respaldo del PAN, hasta su renuncia reciente.

Otro caso es el de Uriel Carmona en Morelos, quien protagonizó enfrentamientos con el gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco. Finalmente destituido. En Tamaulipas, el fiscal Irving Barrios, protegido por el exgobernador panista Francisco Cabeza de Vaca, ha dificultado investigaciones contra su antiguo jefe, lo que ha frustrado al actual gobierno estatal de Morena.

Fin a la FGR autónoma

La reforma contempla un artículo transitorio que permitiría a los fiscales actuales concluir sus periodos, pero sus relevos serían nombrados bajo las nuevas reglas. Esto implicaría que Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general, sería el último en ocupar ese cargo bajo el esquema de autonomía, pese a que su mandato concluye en 2028.

Desde la FGR no hay claridad sobre los cambios. Algunos fiscales consultados dijeron no estar al tanto, mientras que en Presidencia aseguran que Gertz no representa un obstáculo, ya que mantiene buena coordinación con las dependencias de seguridad.

Autonomía sin resultados visibles

Aunque la autonomía de las fiscalías fue celebrada en 2014 como un paso hacia la despolitización de la justicia, sus resultados han sido cuestionados. La académica y abogada Ana Laura Magaloni afirma que el cambio no se tradujo en una mayor sensación de justicia para la ciudadanía, ni mejoró significativamente la procuración de justicia. “No es que la autonomía haya generado mayor protección para los ciudadanos. No creo que esta reforma sea una pérdida, porque tampoco ganamos mucho con la anterior”, señala.

Magaloni subraya que la independencia va más allá del método de designación. Una fiscalía verdaderamente autónoma, explica, es aquella que no recibe órdenes del Ejecutivo ni actúa con motivaciones políticas. Y eso, sostiene, no se ha logrado hasta ahora.

A su juicio, sin una reforma profunda en la operación de las fiscalías —incluyendo profesionalización de ministerios públicos, peritos y policías de investigación—, ningún modelo garantizará justicia efectiva. “No hay manera de que las fiscalías mejoren sin una transformación estructural”, sentencia.