Las bancadas del PAN, PRI y PRD presentaron hoy acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas en materia de amparo y amnistía, aprobadas por Morena y sus aliados en abril pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el mes pasado.

Reforma a la Ley de Amparo: Un Riesgo para los Derechos Ciudadanos

Los grupos parlamentarios han señalado que la reforma a la Ley de Amparo impide a los jueces suspender actos de autoridades en varios casos, incluso cuando afectan el interés de la sociedad. Esto, argumentan, convierte al juicio de amparo en una herramienta ineficaz para defender los derechos de la ciudadanía. «Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de amparo deja de ser un medio efectivo de protección», subrayaron los legisladores.

Los opositores refieren que el objetivo de la reforma es aumentar el poder del gobierno y quitar a la ciudadanía los medios para protegerse frente a abusos. «Con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten los derechos humanos de la ciudadanía», explicaron.

Modificaciones a la Ley de Amnistía: Un Obstáculo para la Justicia

En cuanto a las modificaciones a la Ley de Amnistía, los legisladores del PAN, PRI y PRD afirmaron que estas violan el derecho de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas, ya que impedirían que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito. Además, señalan que la amnistía se convertiría en una herramienta de persecución política, dado que una de las condiciones para su otorgamiento es señalar elementos que incriminen a terceras personas.

Reacciones y Contexto

La presentación de estas acciones de inconstitucionalidad refleja la creciente tensión entre el gobierno y la oposición en México. Las reformas en cuestión han sido vistas por los partidos de oposición como un intento del gobierno de Morena de consolidar su poder a expensas de los derechos ciudadanos y las garantías judiciales.

El debate sobre estas reformas continuará en la SCJN, donde se decidirá si estas modificaciones son constitucionales o si representan un retroceso en la protección de los derechos humanos y la justicia en el país. La decisión de la Corte tendrá un impacto significativo en la forma en que se interpretan y aplican las leyes en México, y en cómo los ciudadanos pueden protegerse frente a posibles abusos de autoridad.