- Multas millonarias por la elección judicial.
- Con más de 18 millones de pesos en multas, muchas relacionadas con los polémicos «acordeones».
- Las investigaciones continúan.
El proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros en México no ha quedado exento de polémica. Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró uno de los capítulos más controvertidos al concluir la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de los más de 7 mil candidatos que compitieron por 2,681 cargos en los históricos comicios del pasado 1 de junio.
Las irregularidades detectadas derivaron en multas por más de 18 millones de pesos, muchas de ellas vinculadas al uso de los llamados acordeones: listas impresas y digitales distribuidas masivamente para orientar el voto ciudadano.
Sanciones alcanzan a 177 candidatos ganadores
De acuerdo con el informe presentado por el INE, 177 candidaturas ganadoras fueron sancionadas por beneficiarse de los acordeones. Aunque inicialmente se propuso multar con el 10% del tope de campaña correspondiente, los montos finales fueron reducidos.
En el caso de los nueve ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estimaban sanciones individuales de hasta 149,000 pesos. Sin embargo, la cifra total no superó los 566,000 pesos. La ministra con la mayor multa fue Loretta Ortiz, con 127,000 pesos; la menor fue para Irving Espinoza, con 39,599 pesos.
En total, la sanción por los acordeones a nivel federal asciende a un millón de pesos, sumando otras fallas, el monto general de multas por fiscalización supera los 10.3 millones de pesos. A nivel local, en los 19 estados donde hubo elecciones judiciales, se contabilizan 7,975 millones de pesos en multas por 9,547 faltas.
La operación acordeón: sin responsables claros
Pese a la evidencia recabada por el INE, aún no se ha identificado a los responsables de coordinar la distribución masiva de los acordeones. No obstante, el Consejo General del Instituto aprobó por mayoría continuar con las investigaciones desde la Unidad Técnica de Fiscalización, en busca de rastrear el origen de esta estrategia.
Durante el debate, que se extendió por más de cuatro horas, los consejeros expresaron su preocupación sobre el alcance de la operación. El consejero Jaime Rivera advirtió que solo entes con poder político, recursos económicos significativos y capacidad para influir en la ciudadanía pudieron haber desplegado tal campaña. “Pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados o incluso grupos delincuenciales”, sostuvo.
Posturas divididas dentro del INE
La discusión dejó en evidencia una vez más la división dentro del órgano electoral. Mientras un bloque de consejeros avaló las sanciones —aunque recortadas—, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, las rechazó, argumentando la falta de sustento jurídico. Aseguró que no fue posible cuantificar el total de acordeones distribuidos ni verificar los mensajes digitales.
Por su parte, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, urgió al Congreso a cerrar los vacíos legales para evitar que estas prácticas se repitan en la próxima elección judicial, prevista para 2027. “Necesitamos más herramientas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas que dañan a las instituciones”, concluyó.







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