• Ministros sugieren una rotación gradual para prevenir el colapso.
• “El mandato en las urnas fue claro y el Poder Judicial no puede taparse los ojos”, declaró Esquivel Mossa.
• El futuro de la justicia en México pende de un hilo, a la espera de cómo se desarrollen los próximos pasos.

En un giro decisivo para el sistema judicial mexicano, legisladores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) han reafirmado su compromiso con la reforma judicial que contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

La propuesta, que busca democratizar el Poder Judicial, ha generado una fuerte controversia entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mayoría de estos altos funcionarios han advertido sobre los riesgos de implementar una reforma que podría desestabilizar el funcionamiento de la justicia en el país.

Durante la inauguración de los “Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial”, un sector de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura expresó su preocupación por la posibilidad de sustituir de manera abrupta a más de 1,600 personas juzgadoras federales.

Los ministros señalaron que una reforma mal estructurada podría convertir el sistema judicial en una subasta de jueces y magistrados, comprometiendo su imparcialidad y autonomía.

Posturas divergentes en la Suprema Corte

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, subrayó que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial y enfatizó la necesidad de priorizar la idoneidad sobre la celeridad en cualquier cambio.

“Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, exigió Piña.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se mostró particularmente crítico, argumentando que la elección de jueces mediante voto popular no garantiza los derechos protegidos por la Constitución ni la independencia del Poder Judicial. Propuso una sustitución escalonada para minimizar el impacto negativo.

En contraste, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz apoyaron la reforma, afirmando que democratizará al Poder Judicial, actualmente percibido como accesible solo para aquellos con influencias.

“El mandato en las urnas fue claro y el Poder Judicial no puede taparse los ojos”, declaró Esquivel Mossa.

Preocupaciones sobre la imparcialidad y la política

El ministro Juan Luis González Alcántara alertó sobre la politización del nombramiento de jueces, advirtiendo que la reforma podría poner en riesgo el acceso a la justicia.

Similarmente, el ministro Javier Laynez Potisek expresó su temor de que la propuesta agrave los problemas existentes en el Poder Judicial, en lugar de resolverlos.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena enfatizó la importancia de una reforma bien diseñada para evitar que la justicia se convierta en una subasta.

Además, destacó que una reforma mal implementada podría tener repercusiones económicas significativas, afectando la estabilidad nacional.

Propuestas para una reforma gradual

Ante estas preocupaciones, varios ministros y consejeros propusieron que cualquier cambio en el sistema judicial se realice de manera gradual. Margarita Ríos-Farjat sugirió fortalecer los poderes judiciales estatales, certificar las escuelas de Derecho y crear mecanismos para que futuros jueces den servicio social en zonas apartadas.

La consejera Eva Verónica de Gyvés Zárate apoyó la sustitución progresiva de los juzgadores para no afectar la impartición de justicia.

A pesar de los argumentos en contra, los legisladores de Morena y PT insisten en que la reforma se llevará a cabo.

Las ministras Batres y Ortiz coinciden en que la elección popular democratizará el Poder Judicial y beneficiará al pueblo de México.

Conclusión

La reforma judicial en México sigue siendo un tema polarizante. Mientras los legisladores de Morena y PT defienden la elección popular de jueces como una medida democrática y necesaria.

La mayoría de los ministros de la SCJN advierten sobre los riesgos de una implementación apresurada y politizada.

El futuro de la justicia en México pende de un hilo, a la espera de cómo se desarrollen los próximos pasos en este crucial debate.

Ministros sugieren una rotación gradual para prevenir el colapso