• Ministro González Alcántara desafía reforma judicial.
• Sugiere que la elección de los jueces de distrito y magistrados de circuito permanezca bajo el sistema de carrera judicial.
• Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha adelantado que su partido no acatará la sentencia.

La disputa en torno a la reforma judicial en México continúa generando tensiones políticas y jurídicas. El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, ha presentado un proyecto de sentencia que busca invalidar partes clave de la enmienda constitucional aprobada en el Congreso, que incluye cambios propuestos por la mayoría morenista. Esta reforma establece la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, un aspecto que Alcántara considera un riesgo para la independencia judicial.

En su propuesta, el ministro sugiere que la elección de los jueces de distrito y magistrados de circuito permanezca bajo el sistema de carrera judicial, el cual lleva más de tres décadas en vigor. Esto preservaría la trayectoria profesional de cientos de jueces y magistrados que han accedido a sus puestos mediante méritos académicos y exámenes de oposición. González Alcántara argumenta que la elección popular de estos cargos amenaza la división de poderes, la independencia de los jueces y el acceso a la justicia de los ciudadanos.

La propuesta del ministro requiere ocho votos de los 12 miembros del pleno de la Corte para ser aprobada. Aunque solo tres ministros suelen apoyar posturas oficialistas, no se tiene certeza de que el bloque mayoritario de la Corte vote en un sentido unificado, lo cual complica el pronóstico del fallo. Coincidiendo con la presentación del proyecto de González Alcántara, varios ministros han anunciado su renuncia a la Corte en rechazo a la participación en la elección judicial como candidatos. Entre ellos se encuentra el propio Alcántara, quien dejaría su puesto antes de la implementación del nuevo sistema.

MORENA NO ACATARÁ LA SENTENCIA

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha adelantado que su partido no acatará la sentencia en caso de que el proyecto prospere, anticipando así un posible conflicto de poderes. Esta tensión se suma a la reciente toma de posesión de Claudia Sheinbaum y la salida de Andrés Manuel López Obrador, líder y fundador de Morena, quien impulsó la reforma judicial en su administración.

González Alcántara advierte en su proyecto que la reforma viola la independencia del Poder Judicial al suprimir derechos esenciales de los jueces, como la inamovilidad en el cargo y un proceso justo para destituciones. La propuesta del oficialismo, que defiende la designación de jueces por voto popular como una “democratización” de la justicia, es criticada en el proyecto por establecer requisitos ambiguos y por dar al Ejecutivo y Legislativo un rol dominante en la selección de candidatos.

El proyecto señala que la selección popular no garantiza transparencia ni preparación en los candidatos y dificulta que los ciudadanos emitan un voto informado entre cientos de aspirantes a nivel federal y estatal. González Alcántara argumenta que esta estructura tiene un efecto antidemocrático al impedir elecciones bien informadas, un requisito básico en cualquier régimen democrático.

impugna la modificación al juicio de amparo

Además, el proyecto impugna la modificación al juicio de amparo, que ahora prohíbe a los jueces suspender normas con efectos generales. Esta limitación reduce la posibilidad de proteger derechos colectivos, especialmente en temas ambientales y de infraestructura, donde los amparos se han usado para detener proyectos con impacto social. Alcántara rechaza esta restricción, calificándola de antidemocrática y lesiva para los derechos de los ciudadanos.

Pese a sus críticas, el proyecto sí respalda la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar y sancionar la conducta de los jueces. No obstante, advierte que el tribunal no debe sancionar a un juez por el contenido de sus sentencias, ya que ello afectaría la libertad judicial.

González Alcántara ha decidido no analizar la constitucionalidad de la elección de nuevos ministros de la Suprema Corte, considerando la actual falta de diálogo entre poderes. En sus palabras, es un «gesto de autocontención» con la esperanza de evitar una crisis institucional que agrave la situación política y restablezca la normalidad en las relaciones entre poderes.