- México, tercer país con mayor crimen organizado a nivel mundial.
- El país lidera en mercados ilícitos y encabeza la victimización en la región.
- El cobro de «impuestos» a negocios es una práctica común.
Ciudad de México.– México ocupa el tercer lugar mundial entre 193 países en el índice de crimen organizado, solo detrás de Myanmar y Colombia, de acuerdo con el informe “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, difundido por el Banco Mundial (BM).
Según el reporte, México lidera en América Latina la participación en mercados ilícitos, con presencia en 13 de los 15 analizados. Le siguen Brasil y Colombia, con ocho cada uno.
El índice, desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC), evalúa dos aspectos:
- Criminalidad, que analiza la escala, alcance e impacto de 15 mercados criminales y cinco tipos de actores.
- Resiliencia, que mide la capacidad del Estado para hacer frente al crimen organizado.
Crimen con gobernanza, extorsión y captura del Estado
El documento identifica cuatro características comunes del crimen organizado en América Latina y el Caribe:
- Control territorial,
- Gobernanza criminal,
- Extorsión,
- Captura del Estado.
En países como México, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, hay grandes porciones del territorio bajo el control de grupos criminales. En esas zonas, las organizaciones imponen sus propias reglas, ofrecen servicios a la comunidad y sustituyen al gobierno, particularmente en seguridad y justicia.
El cobro de «impuestos» a negocios es una práctica común, una forma de extorsión que evidencia el poder de estos grupos sobre la vida económica local.
México: primer lugar en victimización por crimen organizado
El Banco Mundial advierte que México encabeza la tasa de victimización por crimen organizado en la región, seguido por Venezuela y Argentina.
El informe también relaciona el aumento de la violencia con las políticas de confrontación aplicadas en México y Colombia entre 2006 y 2009, así como con los efectos de la pandemia de COVID-19, que dio nuevas oportunidades a los grupos criminales para ganar legitimidad social y ampliar su poder, especialmente en comunidades marginadas.
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