• México deberá indemnizar a Odyssey por reservas de fosfato.
• México deberá pagar una compensación de 37,1 millones de dólares a la minera.
• El Gobierno ha manifestado su intención de impugnar el fallo del ICSID.

El sueño de extraer fosfato en las aguas de Baja California Sur eclipsado por un prolongado conflicto legal entre el Gobierno mexicano y la compañía estadounidense Odyssey Marine, que culminó en un fallo en contra del país.

Tras cinco años de arbitraje internacional, el Centro Internacional para la Solución de Diferencias de Inversiones (ICSID) determinó que México deberá pagar una compensación de 37,1 millones de dólares a la minera, que argumenta que su solicitud de permisos medioambientales injustamente rechazada.

Orígenes del conflicto

El conflicto se remonta a 2016 y 2018, cuando Odyssey Marine, a través de su subsidiaria Exploraciones Oceánicas, solicitó permisos ambientales para iniciar la extracción de arenas fosfáticas en la costa del Pacífico. La empresa había prometido una inversión de más de 357 millones de dólares en este innovador proyecto de minería submarina, conocido como Don Diego. Sin embargo, las autoridades mexicanas se opusieron, aduciendo que el área en cuestión es ecológicamente sensible, albergando especies en peligro como la tortuga caguama y las ballenas azules.

Justificación del Gobierno mexicano

A través de la Secretaría de Economía, el Gobierno ha manifestado su intención de impugnar el fallo del ICSID, citando preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto y la falta de experiencia de Odyssey Marine en minería. La dependencia destacó que las técnicas de dragado que la empresa planeaba implementar no se habían utilizado en ningún lugar del mundo, lo que levantó alarmas sobre las posibles consecuencias para la fauna local.

“Estamos listos para presentar un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes”, aseguró la Secretaría en un comunicado, enfatizando que el Gobierno explorará todas las vías legales para evitar el pago.

Reacciones y repercusiones

El escándalo ha generado una oleada de críticas desde colectivos medioambientales y comunidades pesqueras que han protestado por el potencial daño que podría causar el dragado submarino. Los opositores al proyecto sostienen que la extracción de fosfato amenazaría los bancos pesqueros y la flora marina, abriendo un debate sobre los límites entre la explotación de recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Odyssey Marine, por su parte, alega que la negativa de permisos no se basó en razones técnicas, sino políticas, y celebra el fallo que le otorga una victoria significativa en el escenario internacional. La controversia pone de relieve las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental en México, un país rico en recursos pero vulnerable a los efectos de la explotación industrial.